Donostia-San Sebastián
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Insausti defiende la autonomía municipal tras rechazar la cesión de unos terrenos de El Infierno al Gobierno Vasco

PSE, EH Bildu y Elkarrekin Donostia pedían que dos parcelas municipales se cedieran al Ejecutivo vasco para construir vivienda pública, y lamentan que se haya perdido una oportunidad de ofertar viviendas protegidas de alquiler.
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti. Foto: archivo.

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha subrayado que "la responsabilidad del urbanismo es autonomía pura y dura del Ayuntamiento", tras la decisión de la sociedad municipal Etxegintza de no ceder al Gobierno Vasco unos terrenos en la zona de El Infierno para que éste fuera el encargado de promover vivienda pública.

Insausti ha hecho esa puntualización en su rueda de prensa habitual de los martes en el consistorio, poco después de que en el consejo de administración de Etxegintza haya decido rechazar la propuesta conjunta del PSE, EH Bildu y Elkarrekin, que pedía la cesión al Ejecutivo vasco de esas dos parcelas de propiedad municipal para que construyera la vivienda pública prevista.

La decisión se ha tomado con los votos en contra del PNV y el PP, si bien al haberse producido un empate a cinco entre los ediles con representación en esa entidad municipal, ha sido el voto ponderado del alcalde el que ha inclinado la balanza hacia el no.

Insausti ha argumentado que esos solares de la zona de El Infierno "no han estado nunca sobre la mesa del Gobierno Vasco", que "tampoco tiene ninguna partida" para esa promoción. "Es nuestra responsabilidad y nuestra tarea promover en El Infierno", ha afirmado el alcalde donostiarra, que ha destacado que "la responsabilidad del urbanismo es autonomía pura y dura de un Ayuntamiento" para gestionar la construcción de las 270 viviendas protegidas planeadas.

Aunque Insausti ha negado que este asunto vaya a suponer una brecha en el seno del gobierno donostiarra de coalición (PNV-PSE), los socialistas han criticado la postura de los jeltzales y han apelado a "la sensatez y colaboración interinstitucional para hacer frente a la emergencia habitacional", algo que, a su juicio, "obliga a optimizar recursos y acometer nuevas políticas de vivienda, olvidando actuaciones urbanísticas ya caducadas que no han dado los resultados necesarios".

El PSE-EE ha asegurado que la decisión adoptada supondrá "de facto" que "la propiedad de una de las dos parcelas pase a manos privadas, que no se construya vivienda pública en alquiler en la misma y que, además, el Ayuntamiento deba afrontar el pago del orden de 4 millones de euros".

En similares términos se ha pronunciado EH Bildu, que ha considerado una "pena" que no haya salido adelante la propuesta que hubiera permitido que todas las viviendas de protección pública en El Infierno se destinaran exclusivamente al régimen de alquiler, mientras que Elkarrekin Donostia ha acusado al PNV de "hipotecar" el futuro de la ciudad para garantizar el "negocio privado con dinero público".

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