El papel de los presos de ETA en el desarme

El frente carcelario ha sido el epicentro de la mayoría de movimientos que han acaparado el proceso hacia el fin de ETA desde el cese definitivo de la violencia, anunciado en octubre de 2011, con sucesos como la desactivación de la 'doctrina Parot' o la asunción de la legalidad penitenciaria por parte del colectivo de presos.

Los reclusos, de hecho, ha, jugado un papel clave en el desarme de ETA, al haber tomado la iniciativa frente a la banda en aspectos como el de la aceptación de la reinserción individual y el reconocimiento del daño causado.

Hasta ahora, ETA tan solo ha reconocido el daño de quienes "no tenían responsabilidad en el conflicto", es decir, el de las 'víctimas colaterales' de sus atentados, como señalaba un comunicado leído por el exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Txeroki durante un juicio celebrado en París en febrero de 2013.

En este contexto, el EPPK, colectivo que engloba a los presos de ETA y la izquierda abertzale, ha emprendido el camino de la reinserción individual, que llevarán a cabo mediante peticiones para que los presos encarcelados en España sean trasladados a la cárcel de Zaballa (Araba), y los que están en Francia, a la prisión más cercana a su casa.

En una entrevista publicada el 15 de febrero en los diarios Gara y Berria, el EPPK explicó asimismo que reclamarán la puesta en libertad de los reclusos con enfermedades graves y de los mayores de 70 años.

Previamente, en un comunicado remitido el 28 de diciembre, los presos asumieron la legalidad por primera vez, "aunque ello conlleve implícitamente la aceptación de nuestra condena", dejando de lado la reivindicación histórica de amnistía.

Con esta decisión, se abrió el camino para que los más de 5000 presos del colectivo reclamen beneficios penitenciaros o adherirse a la reinserción individual, medidas que ETA históricamente ha prohibido a sus reclusos. La ley, en cualquier caso, exige que la reinserción esté acompañada por peticiones de perdón, que no han llegado.

Las reclamaciones del Foro Social

El EPPK respondió así, siete meses después, al Foro Social impulsado por Lokarri y Bake Bidea, que a finales de mayo presentó 12 recomendaciones, dirigidas a ETA, el Gobierno español y los presos, para "desbloquear" el proceso de paz abierto tras el cese definitivo de la violencia.

En concreto, el Foro Social exhortó a los presos a reconocer el daño causado y a adherirse a un proceso de reinserción individual. Y, finalmente, los reclusos han aceptado estas reclamaciones, aunque planteadas como una decisión global de todo el colectivo.

Este dilema, el de reinserción individual o amnistía, copó el debate del colectivo de presos desde que se sumó al Acuerdo de Gernika en 2011. Sin ir más lejos, en verano de 2012 el EPPK mostró públicamente su repudio al arrepentimiento y su apuesta por la amnistía, aunque desde entonces la izquierda abertzale ha llamado a aceptar la legalidad, tal y como ya hizo Sortu con la Ley de Partidos para poder volver a las instituciones.

Los momentos de mayor tensión

El momento de mayor incertidumbre en las cárceles, y que además hizo saltar las alarmas en el Gobierno Vasco y los partidos vascos, excepto PP y UPyD, fue la operación llevada a cabo el 30 de septiembre por la Guardia Civil contra Herrira, la plataforma de apoyo a los presos creada al calor del Acuerdo de Gernika.

La operación, en la que fueron detenidas 18 personas y supuso asimismo la ilegalización de facto de la plataforma, fue interpretada desde algunos medios como un modo de presionar a los presos y desató una rápida reacción del Gobierno Vasco y de formaciones como PNV, EH Bildu y PSE-EE.

Los nervios en las cárceles y en buena parte parte del arco político vasco se pusieron de nuevo a flor de piel en enero, con la prohibición por parte de la Audiencia Nacional de la tradicional manifestación por los derechos de los presos que se celebra anualmente y con la muerte en prisión del preso Arkaitz Bellón el 4 de febrero.

La prohibición de la marcha provocó que PNV y Sortu salieran a la calle juntos bajo el lema "Giza eskubideak. Konponbidea. Bakea" ('derechos humanos, solución, paz').

El fin de la doctrina Parot, el punto de inflexión que aceleró el proceso

Apenas un mes después de la operación contra Herrira, en ese contexto de dudas y de denuncias de "retroceso" en el proceso de paz, el Tribunal de Estrasburgo tumbó definitivamente la 'doctrina Parot', lo que conllevó la salida de prisión de decenas de presos de ETA con más de 20-25 años de condena cumplidos y cuya salida de la cárcel se vio retrasada.

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) aceleró la velocidad de un proceso bloqueado y sin apenas avances desde el propio anuncio de fin de la violencia.

Así, en un breve espacio de tiempo, más de 50 presos de ETA abandonaron la cárcel, entre ellos algunos históricos de la banda como José Antonio López Ruiz, Kubati; Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi; Domingo Troitiño e Inés del Río.

Esta medida, que fue vista como una "humillación" por las víctimas del terrorismo y provocó su distanciamiento del Gobierno español, supuso un balón de oxígeno en las cárceles y despejó el camino para que los reclusos aceptaran la legalidad penitenciaria.

¿Y ahora qué?

Una vez que los presos han aceptado la legalidad y ETA ha emprendido el camino hacia el desarmarse, la legislación actual obliga a los presos a romper con la banda, pedir perdón a sus víctimas o colaborar con la Justicia para ser excarcelados.

El paso previo para acceder a la libertad condicional es el tercer grado penitenciario que, en la mayoría de casos, permite salir todos los días de prisión con la única condición de volver al centro para dormir. La decisión de los grados de cumplimiento sí recae sobre Instituciones Penitenciarias, pero pueden ser recurridos ante el juez por el fiscal o el propio preso en caso de que no esté de acuerdo.

En el año 2012 el Ministerio del Interior concedió el tercer grado a Andoni Díaz Urrutia y a José Manuel Fernández Pérez, ambos de la 'vía Nanclares'.

A la hora de conceder el tercer grado penitenciario se pueden dar algunos "casos especiales" que vienen recogidos en el artículo 104 del Reglamento Penitenciario. Este fue el caso del que se concedió al expreso Josu Uribetxeberria, por motivos de salud.

Al margen de la intervención de jueces y fiscales, la única competencia exclusiva y directa del Gobierno central es decidir el centro penitenciario en el que los presos deben cumplir su pena. Esto significa que el Ejecutivo de Mariano Rajoy podría deshacer la dispersión cuando ETA haya hecho efectiva su disolución.

El colectivo de presos, por su parte, reclamará individualmente su acercamiento a la cárcel de Zaballa, en Araba.