El Gobierno confirma que pedirá la suspensión de la consulta

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que el Gobierno recurrirá "paralelamente" ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas catalana y la consulta soberanista, en el caso de que la Generalitat la convoque antes de la posible admisión del recursos del Ejecutivo y la consecuente suspensión de la norma.

"Si se aprueba la ley y la ley se suspende antes de su aplicación, la ley está suspendida. Si antes de que se suspenda la aplicación de la ley, se adoptan actos en su ejecución, se recurrirán paralelamente o conjuntamente", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que, no obstante, ha manifestado que quiere "creer" que el presidente catalán, Artur Mas, "respetará la legalidad como ha dicho muchas veces".

Así, Sáenz de Santamaría ha reiterado que el Gobierno va a "hacer cumplir la Constitución y las leyes" y que para ello hará uso de los mecanismos que éstas ofrecen "cuando una disposición, una resolución o un acto de una Comunidad Autónoma vulnera" la Carta Magna.

Suspensión automática

Asimismo, ha recordado que es la propia Constitución la que establece que "cuando el Gobierno impugna una disposición o una resolución de una Comunidad Autónoma y pide la suspensión, una vez que se admite a trámite se suspende automáticamente". "Esto no es nuevo, es algo que señala nuestra Constitución y se ha aplicado en innumerables ocasiones", ha remachado.

Debate sobre el aforamiento

Asimismo, Santamaría ha expresado la voluntad del Ejecutivo de abrir el debate sobre el aforamiento con el fin de llegar a acuerdos sobre esta cuestión, pero también ha advertido de las "dificultades técnicas" que conlleva cambiar el sistema.

Reforma electoral

La vicepresidenta del Gobierno ha subrayado que la posibilidad de que el sistema de elección de alcaldes propuesto por el PP favorezca a Bildu prueba que no obedece a un "cálculo electoral", sino a respetar "la voluntad del vecino" y la "regeneración democrática". Ha recalcado asimismo que el PP no plantea nada nuevo, puesto que el PSOE ya registró en 1998 en el Congreso una proposición de ley para implantar un modelo de elección directa de alcaldes "con un sistema de primas y de segunda vuelta combinadas".