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Mas alega que nadie les dijo que el 9N podía ser un 'gran delito'

Ha recordado que tras una primera prohibición de la consulta por el TC, su gobierno puso en marcha un proceso participativo muy diferente de la primera convocatoria.
Artur Mas, en el Tribunal Superior. Foto: EiTB
Artur Mas, en el Tribunal Superior. Foto: EiTB

Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, ha alegado este martes en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por la consulta del 9N contra el diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia, Francesc Homs, que antes de la consulta "nadie dijo que podría ser un gran delito, como parece ahora".

La declaración de Mas se ha centrado en que la prohibición de la consulta alternativa que hizo el Constitucional, la que supuestamente desobedeció Homs (y él también, pues ha sido juzgado por ello ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) fue demasiado genérica como para poder cumplirla.

El Tribunal Supremo ha reanudado por la tarde, con la declaración de varios testigos de la defensa, el juicio a Francesc Homs. La acusación pide nueve años de inhabilitación por delitos de prevaricación y desobediencia grave al Tribunal Constitucional (TC) por haber celebrado una consulta el 9 de noviembre de 2014 que el alto tribunal había prohibido.

El testigo principal de la defensa ha sido Mas, quien ha declarado que "la providencia que suspendía aquella consulta alternativa" del 9N, la que supuestamente incumplieron él y Homs, "no era clara en cuanto a qué debíamos impedir o suspender -ha dicho-. Y eso tenía importancia, dado que era ya un proceso en manos de 42.000 voluntarios".

La declaración del expresident, que ha comparecido durante 22 minutos, ha tenido otro elemento clave. Ha recordado que tras una primera prohibición de la consulta por el TC, su gobierno puso en marcha un proceso participativo en manos de voluntarios muy diferente de la primera convocatoria.

Aun así, el 4 de noviembre, pocos días antes de la celebración de ese proceso alternativo, recibieron un correo electrónico y luego una providencia del TC. Su alcance no fue claro para el Govern ni tampoco para asesores como el que fuera vicepresidente del alto tribunal, Carles Viver.

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