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Junqueras y otros tres exconsejeros recurren su ingreso en prisión

Cuatro días después de su encarcelamiento han recurrido el auto de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Cárcel de Estremera. EFE.
Cárcel de Estremera. EFE.

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros tres exconsejeros han recurrido este lunes su encarcelamiento ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el pasado jueves decretó su ingreso en prisión por los delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos en relación al denominado 'procès' independentista.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, la defensa de los exconsejeros Carles Mundó y Dolors Bassa (ambos de ERC) y Raúl Romeva han presentado sendos escritos ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 en el que solicita la libertad de los políticos catalanes, que se encuentran en las prisiones de Estremera, en el caso de los varones, y de Acalá Meco en el caso de Bassa.

La magistrada Lamela acordó, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el ingreso en prisión sin fianza para Oriol Junqueras y otros ocho exconsejeros ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Todos ellos, a excepción de Santi Vila, se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público centrando el interrogatorio en las cuestiones planteadas por sus abogados.

Riesgo de fuga

En su auto, de 19 páginas, la juez señaló que adoptaba esta medida cautelar porque su poder adquisitivo les permite "abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero".

También les recordó que algunos querellados en esta causa ya se han desplazado a otros países "eludiendo las responsabilidades penales" en las que puedan haber incurrido, en clara referencia aunque sin citarle al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros que permanecen en Bruselas.

Junqueras y el resto de exconsejeros se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, quince por sedición y ocho años por delito de malversación, que puede elevarse incluso a diez en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad.

 

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