Llarena confirma el procesamiento por rebelión contra la cúpula del 'procés'

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado los recursos de reforma del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 22 investigados, de forma que confirma su procesamiento en la causa, al tiempo que abre la puerta a que se les pueda acusar por delitos alternativos a la rebelión.

En un auto, el magistrado desestima los 23 recursos presentados -solo los exconsellers Antoni Comín y Meritxel Serret rehusaron recurrir- contra el auto de procesamiento que él mismo dicto el pasado 23 de marzo por delitos de rebelión, malversación y desobediencia, por lo que ahora las defensas disponen de cinco días para recurrir ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal.

Llarena reafirma en el auto que concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda no sólo no contradicen sino que coinciden, al apreciar algunos indicios de fraude, con su investigación sobre el delito de malversación.

Según el magistrado, la violencia misma "no se muestra como un resultado imprevisto en la movilización impulsada por los investigados", sino que fue "conscientemente asumida y buscada para la ejecución de estos hechos, de suerte que el dolo eventual que apuntan los recursos, sólo se muestra como la inferencia subordinada a la concurrencia de un dolo directo".

Llarena recuerda a los procesados que han recurrido el auto de procesamiento que en todo caso si finalmente no queda acreditada la violencia necesaria para que se de el delito de rebelión esto no significa que la causa se archivara sino que se podrían aplicar otros tipos delictivos como el de sedición o el de la conspiración para la rebelión.

Un total de 25 procesados

El magistrado de TS ha procesado por rebelión a 13 políticos catalanes, incluidos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira. Además de ellos, los otros procesados por rebelión son los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comìn y Dolors Bassa.

También procesa por rebelión a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al expresidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

Estos 13 procesados se enfrentan a penas que oscilan entre los 17 y los 33 años de prisión.

Además de por rebelión, Llarena procesa por malversación el president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete exconsellers.

Los autos de procesamiento de Llarena incluyen además otros delitos que afectan a diversos inculpados y, así, el juez procesa a cinco exmiembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

Así mismo, el juez procesa por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barruffet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya (expresidenta del Grupo de la CUP) y a Anna Gabriel, exportavoz de la CUP. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación.

El magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Govern procesados.

Llarena ha dejado fuera del auto de procesamiento al president Artur Mas; a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. Son los únicos tres de los 28 investigados que no han sido procesados.