Zoido: 'El uso de la fuerza el 1-O fue proporcionada y racional'
El exministro de Interior Juan Ignacio Zoido ha dicho que de las fuerzas y cuerpos de seguridad hicieron un uso de la fuerza "proporcionada y racional" durante el referéndum de 1-O "en unas condiciones muy adversas" que les obligaron, incluso, "a replegarse al ver que era imposible acceder a los colegios".
Zoido ha comparecido este jueves en el juicio del procés a petición del letrado del exconseller de Interior Joaquim Forn, que le considera un testigo clave en su estrategia de defensa para explicar la intervención policial del 1-O.
Ha explicado que los policías y los guardias civiles desplegados el 1 de octubre de 2017 tuvieron una "actuación destacada" con "un uso razonable, racional y proporcionado de la fuerza".
"Se vieron abocados en ocasiones a tener que hacer un uso racional de la fuerza para impedir que un acto delictivo, como era la celebración del referéndum, se pudiera hacer", ha destacado.
Ahora bien, ha insistido varias veces en que "en aquellos lugares donde no hubo ningún impedimento no sucedió nada, se llevaron el material y se cerró el problema".
Los policías y guardias civiles actuaron, en su opinión, bajo "unas condiciones nada fáciles, sino muy complicadas y muy complejas" con "lesiones importantes para algunos de ellos" hasta el punto de que, en ocasiones, "tuvieron que replegarse al ver que era imposible tener que acceder al colegio".
El exministro ha querido dejar claro que Interior acordó enviar 6.000 policías nacionales y guardias civiles a Cataluña "en auxilio" a los Mossos, "a raíz de los hechos del 20S", protagonizados por "aglomeraciones y manifestaciones" en toda Cataluña.
Y así se le trasladó a Forn el 22 de septiembre: "Dadas las circunstancias que estaban concurriendo, vamos a reforzar la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en misión de auxilio a los Mossos y para cumplir como policía judicial en todos aquellos requerimientos del TSJC".
Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este jueves que el referéndum "no fue de ninguna institución ni partido, sino de la gente" y ha lamentado que se juzgue a líderes políticos por esa consulta: "si estamos aquí por el 1-O, deberíamos estar millones de personas".
En su declaración como testigo en el juicio del "procés", Colau ha confesado que se le "parte el alma" por el hecho de que el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, esté en prisión preventiva, como el resto de acusados, puesto que se trata de una persona "muy querida, pacífica, de consensos, dialogante".
Para la alcaldesa de Barcelona, el 1-O fue "una movilización inaudita" fruto de "millones de personas autoorganizadas", que guarda "cierto paralelismo" con los centenares de "acciones de desobediencia civil" contra los desahucios en que ella participó como líder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Foto: EFE
Por otro lado, el diputado del Congreso de los Diputados Gabriel Rufián se ha referido durante su declaración en el juicio como "fake news" al hecho de que la secretaria judicial que dirigió el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 tuviese que salir de madrugada por el tejado ante la masiva concentración a las puertas del edificio.
Así lo ha dicho justo al final de su declaración como testigo cuando el abogado de la acusación popular ejercida por Vox, Pedro Fernández, le ha preguntado sobre "si tenía conocimiento de que la comisión judicial tuvo que salir por un edificio colindante". "No, es una 'fake news' como que el castellano está reprimido en Cataluña", ha contestado.
Al inicio de su comparecencia Rufián ha avisado que contestaría a las preguntas de la acusación popular porque sus "compañeros" se lo han "pedido". "Pero me parece una vergüenza que estén aquí", momento que ha aprovechado para decir que el de Abascal es un partido "xenófobo, racista".
"No vi violencia", "los únicos coches devastados que he visto son los de manifestación de taxistas en la Castellana", ha indicado sobre la manifestación, al tiempo que ha insistido que ese día no hubo ninguna "rebelión, ni tumulto" porque se pudo ir "a merendar", algo que, según ha dicho, no es normal en esa situación.
Ya fuera del tribunal y en declaraciones a los medios, Rufián se ha referido a los testimonios de Rajoy y Santamaría de este miércoles y ha afirmado que "mintieron como bellacos" en relación a las cargas policiales del 1 de octubre. Espera que el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sí sea más concreto y en particular, "que explique por qué pagó 87 millones de euros, de los que se vanaglorió en el Senado, para apalear al pueblo de Cataluña" porque entiende que "la única malversación que ha habido si es que la hubo, fue la del ministro".
Dante-Fachín tampoco vio violencia
Igualmente ha sido cuestionado sobre los hechos del 20-S al que fuera diputado de Cataluña Albano Dante-Fachín, que ha relatado que acudió a la concentración durante unas horas, hasta las 13:00 horas, tras enterarse de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 cuando viajaba por Barcelona en Taxi hacia una rueda de prensa.
Ha dicho también que la concentración era bastante plural, no solo de independentistas, y que a ello hacían referencia los cánticos que se entonaban por los asistentes.
Preguntado sobre el 1-O, el exdiputado ha manifestado que unas 300.000 personas votaron 'no' a la independencia y "a esa gente también la golpearon", y también ha reconocido haber estado en el colegio electoral designado en su pueblo de origen para ser centro de votación calificando dicha iniciativa como "de mucho valor democrático".
Declaración de Ernest Benach
Después ha sido sido el turno del exdiputado de ERC y expresidente del Parlament Ernest Benach, a propuesta de la defensa de Forcadell, cuyo interrogatorio se ha centrado en las capacidades de la Mesa y que ha sido interrumpido por Marchena para que recondujese sus preguntas hacia las "prácticas parlamentarias" y no "sobre qué hicieron los grupos parlamentarios cuando él estaba en la tribuna" durante las sesiones del 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las leyes de desconexión.
Ha sido a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, cuando ha reconocido que, aunque "cada legislatura es un mundo", si se hubiese encontrado en la misma situación que Forcadell, en el marco de los debates sobre la independencia de Cataluña, "hubiera hecho exactamente los mismo".
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