La sentencia del caso 'De Miguel' se conocerá el martes

La sentencia del llamado caso 'De Miguel', el macrojuicio por presunta corrupción más importante celebrado hasta la fecha en Euskadi, con 26 acusados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés, se conocerá el próximo 17 de diciembre.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava ha convocado a los acusados y sus abogados a un acto público a las 10:00 horas donde se leerá el fallo de la sentencia.

El juicio por el conocido como caso 'De Miguel' arrancó el 8 de enero de 2018 y quedó visto para sentencia el 19 de diciembre de ese mismo año. Entre los acusados está el que fuera número dos del PNV de Álava y diputado foral Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía ha solicitado un total de 29 años y 9 meses de cárcel por una veintena de delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, coacciones, malversación y tráfico de influencias.

Además de De Miguel, en el banquillo de los acusados por este caso también están los exmiembros de la Ejecutiva alavesa del PNV Koldo Ochandiano y Aitor Telleria, para quienes la Fiscalía ha solicitado 13 años y 7 meses de prisión, respectivamente.

Las solicitudes de cárcel fueron rebajadas durante el juicio, ya que en un principio la Fiscalía había reclamado para De Miguel 54 años y 11 meses de cárcel, y para los otros principales acusados 32 años y 2 meses.

"Red societaria, para lograr contratos y adjudicaciones de instituciones gobernadas por el PNV"

El Ministerio Público mantiene que De Miguel, Ochandiano y Telleria se constituyeron en cabecillas de una red societaria para, sirviéndose de sus relaciones políticas y administrativas por su vinculación al PNV, lograr contratos y adjudicaciones de instituciones gobernadas por los nacionalistas y obtener comisiones de las empresas que optaban a esos concursos.

El último día del juicio, De Miguel negó los delitos que se le imputan, y aseguró que se ha demostrado que no tuvo ningún enriquecimiento ilícito, por lo que su defensa reclama la absolución y niega la existencia de prueba de cargo contra él.

"Ha habido cosas que he hecho mal y me arrepiento sinceramente; si pudiera volver atrás, no las haría bajo ningún concepto. Pero jamás creo que he cometido un delito, y menos por aquellos por los que se nos ha acusado", dijo De Miguel, al ejercer su derecho a la última palabra.

Denuncia, en diciembre de 2009

Este caso comenzó en diciembre de 2009, cuando la abogada Ainhoa Alberdi denunció que De Miguel, entonces diputado foral de Administración Local, le había pedido una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

Los acusados vinculados al PNV dimitieron tras su detención en 2010 y el entonces presidente de esta formación y actual lehendakari, Iñigo Urkullu, emplazó a los procesados a que entregaran su carné para evitar daños a un partido, que según remarcó, no tenía nada que ver con este caso.

Tras detenerse por unos meses el juicio en verano de 2018, el fiscal jefe de Álava reveló que había llegado a un pacto de conformidad con 9 de los 26 acusados, ya que reconocieron la existencia de "una trama organizada criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas", pero entre ellos no estaba De Miguel, quien insistió en su inocencia.

Las peticiones de penas para los 26 acusados

Los tres principales acusados y sus familias:

1.- Alfredo de Miguel: Principal imputado. Fue miembro de la Ejecutiva del PNV en Álava hasta que fue nombrado en agosto de 2007 diputado foral de Administración Local. El fiscal considera que lideró un entramado societario (Kataia, Errexal, Ortzi Muga) dirigido a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de comisiones ilegales y que se aprovechó para ello de sus relaciones y de su pertenencia al PNV.

La Fiscalía pide para él 29 años y 9 meses de cárcel (llegó a pedir 54 años y 11 meses) por un total de 20 delitos, entre ellos, los de asociación ilícita en grado de dirigente, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, coacciones, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.

También reclama una multa de 1,2 millones de euros.

2.- Aitor Tellería: Era miembro de la Ejecutiva del PNV alavés y según la Fiscalía lideró también la presunta trama corrupta. Se enfrenta a una reclamación de 13 años y 7 meses de cárcel y una multa de 606.342 euros.

3.- Koldo Otxandiano: Exmiembro de la Ejecutiva del PNV en Álava y dirigente del entramado junto a los anteriores. El fiscal pide para él 13 años y 7 meses de cárcel y la misma multa que para Tellería.

4.- Ainhoa Bilbao: Esposa de Alfredo de Miguel y socia de Kataia, la empresa sobre la que supuestamente pivotaba la trama. Pide para ella 5 años de cárcel.

5.- Araceli Bajo: Esposa de Aitor Tellería y socia de Katia. También se le piden 5 años de prisión.

6.- Iratxe Gaztelu-Urrutia: Esposa de Koldo Otxandiano y socia de Kataia. Igualmente se solicita 5 años.

7.- Aintzane de Miguel: Hermana de Alfredo de Miguel, empleada de Kataia y de Errexal. Se encargaba de llevar la contabilidad de parte de las empresas investigadas y supuestamente conocía la ilicitud de las actividades que realizaban. Pide 3 años y 6 meses.

Exmiembros del Gobierno Vasco y otros cargos:

8.- Javier Sánchez Robles: Director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a junio de 2009. Supuestamente se sirvió de su cargo para favorecer a la red de empresas lideradas por De Miguel. Le piden 8 años de cárcel.

9.- Gurutz Larrañaga Zubizarreta: Viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a mayo de 2009. Supuestamente incurrió en una falta de control sobre la actividad de Sánchez Robles. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación.

10.- Julián Sánchez-Alegría: Presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco entre noviembre de 2005 y julio de 2009. Vinculado con las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Álava. El fiscal reclama 1 año y 9 meses de cárcel.

11.- Alfonso Arriola: Gerente del Parque Tecnológico de Álava entre 2006 y 2009. Solicita 5 años y 9 meses.

12.- Miren Lourdes Bilbao: Directora técnica del Parque Tecnológico de Álava entre 2007 y 2011. La Fiscalía pide para ella 4 años.

13.- Justina Angulo: Alcaldesa de Zambrana del PNV entre 1995 y 2007. Vinculada con las supuestas irregularidades en la fallida recalificación de unos terrenos en esa localidad alavesa para instalar un polígono industrial. El fiscal reclama 10 años de inhabilitación.

Empresarios y administradores de empresas investigadas:

14.- Iñaki San Juan: Administrador de Ortzi Muga. Pide 7 años de cárcel para él.

15.- Josu Montes: Administrador de Ortzi Muga y empleado de Errexal. 6 años.

16 .- Prudencio del Hierro: Constructor que reconoció haber pagado una obra en una vivienda de De Miguel en Gorliz (Bizkaia). Pide 3 meses.

17.- Jon Iñaki Echaburu: Titular del grupo Loizate en el que se incluye la mercantil construcciones Loizate, vinculada supuestamente con el pago dos presuntas comisiones del 4 % a la mercantil Kataia Consulting por la adjudicación de obras en los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. Pide 6 años y 8 meses.

18.- Sergio Fernández Oleaga: Administrador y socio único de la mercantil Studio Técnico Obras y Arquitectura S.L. (Stoa). Empresa que supuestamente abonó una presunta comisión ilegal para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava. Solicita 7 años y 5 meses.

19.- Josu Arruti Letemendia: Empresario de la mercantil Sidepur que reconoció en el juicio que él y de Miguel acordaron pedir al grupo Riera una comisión de 161.000 euros para cada uno en una operación urbanística en Zambrana. Pide 1 año y 9 meses.

20.- Josu Arruti Odriozola: Padre del anterior y socio de Sidepur. La petición es de 9 meses.

21.- Estíbaliz Arruti: Hermana e hija de los anteriores. El fiscal pide su absolución por no sostenerse la acusación.

22.- Gorka Errasti: Esposo de la anterior. También reclama su absolución por prescripción del delito de blanqueo de capitales.

23, 24, 25 y 26.- Francesc Fernández, Plácid Casas, Joaquin Sabater y Ramón Tomás Riba: Empresarios del Grupo Riera vinculados con la operación Zambrana. Durante el juicio Fernández confirmó que aceptó el pago de las comisiones. El fiscal pide la absolución para todos ellos, en el caso de Fernández y Casas por prescripción del delito de cohecho activo y en el de Sabater y Tomás por no sostenerse la acusación.