El Gobierno español declara la emergencia climática

El Gobierno español ha declarado la "emergencia climática y ambiental" y se ha comprometido para los primeros 100 días de mandato con acciones urgentes como la remisión al Parlamento de la Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización para la neutralidad climática en 2050.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha anunciado la creación de una asamblea ciudadana del cambio climático, que incluirá la participación de los jóvenes.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta declaración y el compromiso de adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático y generar confianza, así como sumar esfuerzos y "no dejar a nadie atrás, para abordar las dificultades de los más vulnerables", ha añadido Ribera.

También en la rueda de prensa, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido incentivos fiscales para que el sistema pueda acoger e impulsar la transformación y alcanzar en 2050 la neutralidad de carbono.

El objetivo de la declaración es lograr un futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro, y no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para actividades de fracking.

El acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un plan nacional de salud y medio ambiente.

El mismo insta a estrechar sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde.

La declaración recoge la necesidad de adoptar la estrategia de economía circular y una ley de residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar "residuo cero" en el horizonte 2050.

También la adopción de una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Además, antes de 2021, se presentará la estrategia de turismo sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático y se establece el objetivo de alcanzar el 30 % de superficie marina protegida en 2030.