El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones a los líderes del 'procés'
El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5 422 879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 ex cargos de la Generalitat.
El Tribunal de fiscalización les imputa el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, según el acta de liquidación.
De este importe total 5 151 156 euros corresponden al principal y 271 723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.
Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.
Esta cantidad se sumaría al resto que se reclama de forma provisional al también expresident Artur Mas, los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y otros 37 altos cargos. Se les reclama a cada uno cantidades individuales, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria, según fuentes del órgano contable consultadas.
La liquidación provisional se sumará a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.
Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas.
Gonzalo Boye, el letrado del expresidente catalán huido Carles Puigdemont, ha denunciado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".
Francesc Homs, otro de los letrados en el procedimiento, quien fuera portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso de los Diputados inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, también ha reprochado que los abogados se hayan enterado de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa, en referencia a los 5,4 millones que según publicó El País tendrán que abonar.
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