Puigdemont afronta este lunes en Cerdeña la primera vista sobre su posible extradición
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado que este lunes irá a declarar ante el tribunal sardo "con los deberes hechos".
Puigdemont fue citado por el tribunal sardo tras ser detenido y puesto en libertad en Cerdeña (Italia), y el juez debe decidir si lo entrega o no a las autoridades españolas.
El expresidente declará en el Tribunal de apelación de Sassari, la primera audiencia sobre su extradición a España, tras haber sido detenido en la isla italiana el pasado 23 de septiembre por la ejecución de una euroorden emitida por el Tribunal Supremo español.
No se prevé, no obstante, que se produzca una solución inmediata.
Los abogados de Puigdemont Gonzalo Boye y el italiano Agostinangelo Marras indicaron que se decidirá, "aunque no será inmediato", si se continúa con el proceso de extradición previsto tras la Orden Europea de Detención y Entrega por la que fue arrestado a su llegada al aeropuerto de la localidad de Alguer, donde había acudido para participar en un festival de folclore sardo-catalán.
Puigdemont ha llegado este domingo a Cerdeña procedente de Charleroi, en Bélgica, donde reside, acompañado por su abogado Boye, y se encontrará con su abogado italiano para preparar la audiencia frente al Tribunal presidido por el juez Salvatore Marinaro.
En la isla italiana también están sus compañeros de escaño en la Eurocámara, Toni Comín -que ha viajado con el expresidente catalán- y Clara Ponsatí -que ya estaba en Cerdeña-.
La audiencia de este lunes está fijada para las 11:00, y "por motivos de seguridad" el expresidente catalán no hará declaraciones ni su a salida ni a la entrada, mientras que sí está prevista una rueda de prensa a las 18:30 en Algher, en la sala de conferencias Quarté Sayàl.
El magistrado del Supremo español Pablo Llarena, que instruye la causa contra el expresidente de Cataluña, envió en las últimas horas al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) una petición para que acuerde su entrega a España porque entiende que la cuestión prejudicial no suspende la euroorden, que está "activa", y ya no tiene inmunidad.
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