PNV y EH Bildu llegan a un acuerdo para sacar adelante la reforma de la ley de empleo público

PNV y EH Bildu han llegado a un acuerdo para sacar adelante la reforma de la Ley de Empleo Público mañana, jueves, en el Parlamento de Vitoria. Según el acuerdo obtenido, EH Bildu se abstendrá y con ello posibilitará la aprobación de la modificación de la ley impulsada por EAJ-PNV.

En los últimos años, los tribunales han dictado varias sentencias en contra de los perfiles lingüísticos solicitados en las convocatorias de empleo público. Ante esta situación, ambos paratidos políticos consideraron que era necesario realizar cambios en la ley de empleo público para proteger el euskera.

Aunque cada uno presentó su propuesta en el Parlamento, a principios de junio, EH Bildu propició la continuación de la tramitación de la reforma legal impulsada por el PNV, con su abstención. A partir de entonces, ambas formaciones han continuado negociando con el objetivo de llegar a un acuerdo.

Según el comunicado que han publicado este miércoles, los dos partidos han asumido cinco compromisos políticos:

1. EH Bildu se abstendrá y posibilitará la aprobación de la modificación legal del PNV, entendiendo que "en esta situación es un cauce de respuesta adecuado y técnicamente prudente”.
2. Realizarán un “seguimiento compartido y una evaluación basada en criterios objetivos” del impacto jurídico y de la eficacia que supondrá esta modificación legal.
3. Para ello, organizarán una comisión de seguimiento que realizará la evaluación de la reforma.
4. Si se concluye que la modificación de la ley no es suficiente, se iniciará un análisis para elaborar una nueva propuesta.
5. La elaboración de la nueva propuesta se fundamentará en los modelos de otras comunidades autónomas con dos lenguas oficiales (por ejemplo, Cataluña o Galicia), la experiencia en Euskadi, el marco jurídico e institucional, la normativa para la normalización del euskera, la realidad sociolingüística, la doctrina del Tribunal Constitucional, la evolución de la jurisprudencia y otras referencias para reforzar los derechos lingüísticos.

Una hoja de ruta para tres años

Junto a los puntos acordados, han dado a conocer el compromiso de poner en marcha “una vía de trabajo compartida” que desarrollarán a lo largo de tres años. La comisión de seguimiento se reunirá cuatrimestralmente y tendrá varios objetivos: analizar la aplicación de la reforma, valorar si las administraciones tienen a su alcance los criterios claros de aplicación de la ley, seguir la evolución de las jurisprudencias, analizar las consecuencias de la resolución que dicte el Tribunal Constitucional, verificar si permite avanzar en los derechos lingüísticos, identificar posibles lagunas o dudas interpretativas...

También se ha acordado que se establecerán criterios objetivos, jurídicos e institucionales para evaluar la eficacia de la nueva ley. Por un lado, analizarán la resolución que va a dictar el Tribunal Constitucional. Por otro lado, concluirán que la reforma no ha cumplido con su objetivo si, como consecuencia de una jurisprudencia consolidada, el problema con el euskera no se ha resuelto.

Tras este proceso de evaluación de tres años, si se considera que la reforma no ha cumplido con su objetivo, se podrá iniciar un análisis jurídico-político para presentar una nueva propuesta.