El TC declara inconstitucional el cierre del Congreso al inicio de la pandemia
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha concluido este martes que la decisión de la Mesa del Congreso —con los votos de PSOE y Unidas Podemos— de parar la actividad de la Cámara Baja fue inconstitucional.
El tribunal de garantías, con seis votos a favor y cuatro en contra, ha estimado el recurso de amparo interpuesto por Vox y ha declarado que ha sido "vulnerado" el derecho fundamental de participación política de los diputados, recogido en el artículo 23 de la Constitución.
En este sentido, según ha informado el TC en una nota informativa, el tribunal ha acordado dictar la nulidad del primero de los acuerdos de la Mesa del Congreso, de 19 de marzo de 2020, por el que se "congelaban" los plazos parlamentarios, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.
El Pleno también ha declarado la nulidad del Acuerdo de la Mesa del Congreso, de 21 de abril de 2020, que desestimó la solicitud de reconsideración presentada por Vox contra el acuerdo de marzo.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado conservador Antonio Narváez, considera que la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados.
La resolución, de la que hasta ahora solo se conoce el fallo, cuenta con los votos particulares de los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y del presidente del tribunal Juan José González Rivas. En esta ocasión, González Rivas —de perfil conservador— se ha alineado con el criterio de los magistrados progresistas del tribunal en contra de la ponencia que finalmente ha sido respaldada por la mayoría del Pleno.
Es la segunda vez que el TC va en contra de las decisiones jurídicas adoptadas por el Gobierno de Sánchez en la pandemia. En julio, declaró inconstitucional el confinamiento domiciliario de marzo de 2020.
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