En duda el respaldo de ERC al plan de medidas para hacer frente a la crisis derivada por la guerra en Ucrania

Al igual que el ministro de la presidencia española Felix Bolaños, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha explicado hoy, en un desayuno informativo, las iniciativas del Gobierno de España para esclarecer las denuncias sobre el presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes y vascos, entre ellas constituir la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, desclasificar" documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y abrir un "control interno" a la institución.

Sin embargo, dichas iniciativas ni satisfacen ni convencen a la Generailtat, que las considera "insuficientes" y meramente "cosméticas". ERC insiste en reclamar "dimisiones" y advierte al Gobierno de Pedro Sánchez de que "si no se mueve", ERC no podrá prestarle apoyo parlamentario.

Un respaldo que pudiera estar en el aire el próximo jueves cuando el Congreso deberá validar el real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis derivada de la invasión rusa en Ucrania con el que le Gobierno movilizará 16 000 millones de euros y que contempla una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible o un tope del 2 % a la subida del alquiler, entre otras medidas.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta ha señalado en una rueda de prensa que el Gobierno de España tiene estos días para estar "mucho más a la altura" en esta cuestión.  "Veremos en las próximas horas cómo evolucionan los hechos y las actuaciones del Gobierno del Estado. En base a esto acabaremos de decidir nuestras posiciones sobre las próximas votaciones que en el Congreso de los Diputados y el Senado", ha subrayado. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo debe investigar el caso, dar todas las explicaciones y aclarar los hechos, sino que también debe "asumir responsabilidades", que cree que deben traducirse en dimisiones de los responsables.

Vilalta, considera que no hay dudas de que el Estado está detrás de este presunto espionaje y que el Gobierno lo sabía, por lo que ha advertido de que este caso no puede quedar impune, que el Ejecutivo no se puede escudar en la Ley de secretos oficiales y que no se resolverá en "una investigación interna sin garantías".

Vilalta ha alertado de que el 'Catalan Gate' "afecta y condiciona" el posible apoyo a varios proyectos porque, a su juicio, se han vulnerado los derechos de muchas personas y se han roto las confianzas con el Gobierno central.

Preguntada por si la mesa de diálogo se puede volver a reunir si no ha habido dimisiones antes de los responsables del caso, Vilalta ha afirmado que no abandonarán "nunca la bandera de la negociación" y ha exigido al Gobierno que, si realmente apuesta por el diálogo, genere las condiciones para que la mesa pueda avanzar.

Petición de amparo a Batet

Por otro lado, los diputados de EH Bildu Jon Iñarritu, de JxCAT Miram Nogueras, del PDeCAT Ferrán Bel y de la CUP Albert Botrán han pedido amparo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que se investigue el presunto espionaje al que han sido sometidos a través de sus móviles del Congreso por considerar que se ha atacado el funcionamiento de la Cámara Baja.

Los cuatro diputados, en un escrito registrado el pasado jueves, instan a Batet a investigar quién está detrás de la operación Pegasus y a tomar medidas para que hechos similares no vuelvan a repetirse.

En la carta recuerdan que la "inviolabilidad de la Cámara (Art. 66.3 CE) es una garantía institucional que es condición necesaria para asegurar la independencia del Congreso de los Diputados" y afirman que la intromisión en sus dispositivos móviles ha sido un "ataque a nuestra actividad política y a nuestros derechos fundamentales".

"Como miembros de las Cortes Generales, consideramos que no solamente se nos habrían vulnerado nuestros derechos fundamentales, a cuya protección sirven nuestras prerrogativas parlamentarias, al vulnerarse las garantías para poder hacer un trabajo político en libertad", inciden, tras puntualizar que se ha vulnerado "la libertad de expresión y el pluralismo político y la democracia".

Resaltan que "habida cuenta de las relaciones políticas que se mantienen por parte de estos grupos con el resto de las fuerzas políticas, indirectamente este caso de espionaje ha supuesto un ataque a todo el Congreso de los Diputados y a su funcionamiento efectivo".