Este jueves entra en vigor la reforma del delito de malversación y la derogación de la sedición
La ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos por la que se deroga el delito de sedición y se modifica el de malversación entrará este mismo jueves en vigor. Esta reforma del Código Penal salió adelante en la Cámara Alta con la mayoría que sumaron PSOE, ERC, Bildu, PNV y Més per Mallorca frente al rechazo de PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Junts, PRC, Coalición Canaria, Teruel Existe, PAR y los dos parlamentarios independientes. Por su parte, los senadores de Más Madrid, Geroa Bai y Compromís decidieron abstenerse.
Con la nueva reforma, desaparecerá el delito de sedición, para convertirse en uno agravado de desórdenes públicos, y la pena máxima de 15 años pasa a ser de 5.
Mientras, el castigo máximo para la malversación sin ánimo de lucro se rebajará a 4 años, cuando ahora se pueden imponer hasta 8 años y se puede llegar a los 12 si la cantidad malversada supera los 250.000 euros.
Así, las defensas de los condenados por el referéndum independentista celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 solicitarán al Tribunal Supremo (TS) que les absuelva de los delitos de sedición y malversación, una vez entre en vigor este jueves la reforma por la que se deroga el primer ilícito y se crean tipos atenuados del segundo.
Revisión de las penas solicitadas para los encausados en 'Acuamed'
La Fiscalía Anticorrupción revisará las penas que pide para los encausados del caso 'Acuamed', más de 40, después de que el juez instructor solicitara al Ministerio Público que lo hiciera al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar rebajas en las peticiones de condena.
Así lo confirman fuentes fiscales consultadas por la agencia de noticias Europa Press, que aseveran que ahora se deberán revisar todas las peticiones. Sobre el efecto que puede provocar en el escrito de acusación, prefieren no adelantar nada hasta que terminen el análisis.
En la rama de 'Acuamed' instruida en la Audiencia Nacional se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
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