Caso Kitchen
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Jorge Fernández Díaz y su equipo serán juzgados en la Audiencia Nacional por el espionaje a Luis Bárcenas

La Fiscalía pide 15 años de cárcel, y el juez, por ahora, ha impuesto una fianza de 120 000 para el exministro, para Villarejo y para el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino.
Jorge Fernández Díaz EFE
El exministro del Interior español Jorge Fernández Díaz. Foto: Efe

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha enviado a juicio el caso Kitchen, en el que está acusado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula de su departamento por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas orquestado en 2013 para hacerse con documentos de Gürtel.

El magistrado, instructor del caso Villarejo en el que se enmarca esta investigación, ha dictado este viernes auto de apertura de juicio oral contra once acusados, entre los que figura también el ex número dos de Interior Francisco Martínez; el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, y el propio comisario José Manuel Villarejo.

A los dos primeros y al exministro impone una fianza por responsabilidad civil de 120 000 euros, según el auto, en el que el juez ha rechazado la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultasen condenados.

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz y Francisco Martínez por esta supuesta operación parapolicial, presuntamente orquestada desde Interior en 2013 para seguir a Bárcenas y a su familia y conseguir documentos del caso Gürtel que pudiesen comprometer al partido o a sus dirigentes, y para la que se habrían destinado fondos reservados.

Además de Anticorrupción, en este procedimiento también acusan la Abogacía del Estado, el PSOE, Podemos y la familia Bárcenas.

Entre los delitos planteados por las acusaciones figuran descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias o malversación, entre otros, y en el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita.

 

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