El CGPJ aprueba una declaración contra la futura amnistía sin conocer su contenido
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría conservadora y mandato caducado, ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la futura ley de amnistía antes de conocer su contenido exacto. Así, el CGPJ la tacha de "medida de abolición del Estado de derecho", que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".
Fuentes jurídicas han informado que la propuesta que ha debatido el Consejo en un pleno extraordinario, a petición de ocho vocales conservadores, ha salido adelante con los votos de los impulsores de la iniciativa a los que se ha sumado el vocal Wenceslao Olea, el rechazo de los cinco vocales progresistas y la abstención del presidente Vicente Guilarte.
Las fuentes aseguran que Guilarte ha trasladado a los vocales que redactará una explicación de su voto en blanco en el que evidenciará que no está de acuerdo con la iniciativa legislativa, pero considera conveniente esperar a la tramitación de la proposición de ley.
Cuesta no acude al pleno
El vocal progresista Álvaro Cuesta, que consideraba "manifiestamente ilegal" la propuesta de declaración institucional sobre la amnistía, no ha acudido al pleno.
Como consecuencia, la propuesta de los ocho vocales no necesitaba ya de más apoyos para salir adelante, puesto que se reducía a 15 el número de vocales presentes y con los votos de los ocho vocales conservadores bastaba para su aprobación.
El texto inicial, modificado
Los vocales han modificado el texto inicial de la declaración institucional, que se aprueba sin que las Cortes se hayan dirigido al Consejo para recabar su opinión sobre una proposición de ley, de la que todavía se desconoce su contenido al no haberse registrado.
Sobre esto último, se defienden de las críticas dentro y fuera del Consejo que sostenían que el CGPJ debía esperar a conocer la proposición de ley para emitir su opinión afirmando su "legitimidad" para "hacerlo ahora" dado que no se ha optado por presentar la amnistía como un proyecto de ley, lo que evita la opinión de los órganos consultivos del Estado.
"Los partidos que impulsan la iniciativa legislativa, los mismos que sostienen la acción del Gobierno en funciones, anuncian que han optado por la tramitación parlamentaria que permite prescindir de tales informes. Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide", recoge la declaración.
Al respecto, precisa que "este Consejo no discute las potestades de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para realizar cuantas propuestas de leyes consideren pertinentes; pero tampoco puede aceptar que se acometa una iniciativa que cercene de una forma tan ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial".
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