Someterse a una cuestión de confianza o ceder la Presidencia, las opciones que podría barajar Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que hoy anunciado una reflexión para decidir si continúa al frente del Ejecutivo, no puede disolver las Cortes antes del 30 mayo, transcurrido un año de la anterior disolución, pero sí tiene en su mano someterse a una cuestión de confianza que no requiere mayoría absoluta. Esta circunstancia llevaría las elecciones a las últimas semanas del mes de julio. La ley no establece que tengan que celebrarse en domingo, pero si así fuera, lo más probable es que se fueran al 28 de julio.

Otra opción sería ceder la Presidencia a otro socialista, pero eso implicaría un nuevo proceso de consultas del Rey y organizar otra investidura que, con el mapa político actual, exigiría muchos acuerdos y complicidades.

La cuestión de confianza es un instrumento político del que dispone el presidente del Gobierno para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.

La Constitución, en su artículo 172, establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. El debate se desarrolla con el mismo formato que las investiduras.

Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.

Por el contrario, la posibilidad de que el presidente del Gobierno español renuncie al cargo abriría un escenario incierto con muchas incógnitas, pero que en su mayoría también tienen respuesta en la Constitución y la ley electoral.

¿Qué ocurre si Pedro Sánchez dimite?

En este caso, la dimisión del jefe del Ejecutivo conllevaría que todo el Gabinete continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno. Ello significa que el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar, al igual que sucede pasadas las elecciones generales y antes de elegir al nuevo Ejecutivo.

¿Quién nombraría al nuevo presidente?

El Congreso sería el encargado de elegir a un nuevo presidente en un proceso idéntico al de las investiduras que se celebran tras unas elecciones generales. El rey haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la Cámara Baja y tras escuchar sus opiniones designaría un candidato.

En esta hipótesis, el candidato designado por el rey para suceder a Pedro Sánchez se sometería a un debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en primera votación o más 'sí'es que 'no'es en segunda.

Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey pueden optar a la Presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso las Cortes se disuelven de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.