El Gobierno español aprueba 110 medidas adicionales para los afectados por la DANA por valor de 3765 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un segundo decreto ley con 110 medidas adicionales para los afectados por las inundaciones de la DANA, con una inversión agregada de 3765 millones de euros.

El presidente del Gobierno español ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros —que se ha celebrado de manera anticipada este lunes— para anunciar nuevas medidas y ayudas para los afectados por la DANA, que se sumarán al primer paquete de ayudas de 10 600 millones de euros aprobado la semana pasada.

Pedro Sánchez ha explicado que las medidas, que tienen como objetivo dar respuesta inmediata a la catástrofe y reconstruir las zonas afectadas, se aprueban con carácter de urgencia y, por tanto, van a entrar en vigor nada más sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"El Gobierno de España, como el conjunto de la sociedad española, está y estará con los valencianos y valencianas todo el tiempo que sea necesario", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Una de las medidas incluidas en este nuevo paquete es la extensión de las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas. También se han extendido las compensaciones por pérdidas en enseres a los inquilinos y a los bienes que no sean de primera necesidad.

Además, para que estas ayudas lleguen más rápido, se ha decidido realizar un anticipo inmediato del 50 % a todos los ciudadanos que soliciten las ayudas. "Un anticipo del 50 %, de modo que no tengan que esperar mientras se tramita su expediente", ha destacado Sánchez.

También se ha extendido el Código de Buenas Prácticas Hipotecario para que los hogares golpeados por la DANA puedan congelar sus hipotecas durante 12 meses adicionales. Una vez pasado este tiempo, si tuviera un riesgo de vulnerabilidad, ese hogar podrá acogerse al Código y pagar un importe de unos 300 euros durante 12 meses más.

Asimismo se extiende la figura del Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor a empresas de los municipios que no estén en la lista de los damnificados por la DANA, pero que se hayan visto afectadas por sus consecuencias, lo que supone que la Seguridad Social se hará cargo del 100 % de las cotizaciones de los trabajadores incluidos en esos expedientes.