El Congreso aprueba tramitar una ley que garantiza el plurilingüismo en las instituciones

El PSOE ha apoyado este martes la tramitación en el Congreso de una proposición de ley de ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís e integrantes de Sumar como los Comuns y Mes para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda ejercer su derecho a relacionarse en euskera, gallego o catalán con los órganos del Poder Judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado "con plena validez jurídica" y sin necesidad de traducción al castellano.

Éste es el objetivo principal de la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, suscrita por socios parlamentarios del Gobierno, que modifica 15 leyes estatales buscando el reconocimiento de la diversidad lingüística "de forma efectiva".

Así, los autores de la iniciativa introducen obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.

Desde el PSOE, el diputado Marc Lamuá ha puesto de relieve que su partido permitirá la toma en consideración de esta iniciativa porque "siempre" ha defendido una España "diversa, plural y cohesionada", y porque cuidar las lenguas del país es "cuidar la democracia" y garantizar su uso efectivo es "garantizar derechos fundamentales".

“No son privilegios, son derechos”

Lamúa ha defendido que una de las principales fortalezas de España es su pluralidad lingüística y, de hecho, ha destacado que la Constitución no sólo reconoce esa pluralidad, sino que la "exige". "No se trata de privilegios, sino de derechos", ha recalcado el socialista catalán, quien ha cargado contra el PP y Vox por trasladar a los millones de ciudadanos que viven en Cataluña, Euskal Herria o Galicia que sus lenguas son "de segunda" y por repetir que los quieren dentro de España pero "callados o subyugados".

Tanto el PP como Vox han coincidido en que el artículo 3 de la Carta Magna reconoce que el castellano es la lengua oficial en todo el país y que el euskera, el catalán o el gallego lo son también pero, eso sí, sólo en sus respectivas comunidades y que, por tanto, pretender trasladar esa cooficialidad a toda España supone "desbordar el marco constitucional", en palabras de la diputada del PP Marta Gonzalez, quien ha acusado a los nacionalistas e independentistas de "utilizar" políticamente las lenguas y a los socialistas de ceder "siempre" a su "chantaje" y "exigencias".

El representante de ERC, Álvaro Vidal, ha sido el primero en defender un texto que, según ha dicho, pretende que los hablantes de catalán, euskera y gallego dejen de ser "ciudadanos de segunda" ante la Administración y acabar, por ende, con la "discriminación" que sufren día a día. "La debilidad del plurilingüismo en España es escandalosa", ha denunciado Vidal, quien cree que, con esta ley, se pondrá fin a los "desajustes" provocados por la "asimetría" del sistema lingüístico español. "Ya no hay excusas. Aunque tarde, ha llegado el momento de cambiar las leyes, y no las lenguas", ha apostillado.

En el PNV, el diputado Joseba Aguirretxea ha subrayado que esta ley "va de derechos, de libertad y de respeto" y es una respuesta a "una reivindicación histórica", mientras que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha defendido que esta propuesta pretenda equilibrar la "asimetría" entre el castellano y el euskera, así como aumentar la protección jurídica del euskera. Eso sí, ha aprovechado para criticar por "tibia" la posición del PSOE, quien considera que se muestra favorable al euskera en Madrid, pero lo "socava" en la CAV.

Desde Junts, la diputada Pilar Calvo ha dicho que su partido está de acuerdo con el objetivo de la proposición, que no lleva su firma, pero no con el marco constitucional porque, según ha argumentado, el catalán no necesita que el Estado español le garantice nada, sino que deje de "ahogarlo" y le de soberanía "plena" a Cataluña para regular su uso. Y también se ha dirigido al PSOE para preguntarle si, además de apoyar el texto, va a priorizar su tramitación o lo van a dejar también "colgado".

En el Grupo Mixto, el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha acusado al PSOE y al PP de "incumplir" el artículo 3 de la Constitución en su punto segundo, que reconoce precisamente la oficialidad del catalán, el gallego o el euskera, y les ha responsabilizado de que, 47 años después de su promulgación, "España no sea un Estado social, ni de Derecho ni plurilingüe".

Los representantes de Compromís adscrita al Mixto, Águeda Micó, y del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, han coincidido en afirmar que con esta iniciativa legislativa se pretende garantizar que cualquier persona pueda relacionarse con el Estado en su lengua propia "sin pedir permiso" y poner fin a los "incumplimientos sistemáticos" de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias.

Entre los ejes de la reforma destacan medidas decisivas en la Administración de Justicia, como el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta del castellano o la validez plena de documentos judiciales sin traducción, así como la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.