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La Audiencia Nacional revoca la semilibertad a Marisol Iparragirre

El magistrado tumba así la aplicación del artículo 100.2, que le permitía, desde el pasado marzo, salir de la cárcel de Martutene de lunes a viernes y regresar solo para dormir.  Según ha adelantado a EITB la abogada de Iparragirre, presentarán recurso a la decisión del juez.

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Marisol Iparragirre, en una imagen reciente. Foto: EITB Media

El titular de Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Marisol Iparragirre, Anboto, y al también preso Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión. 

En sendos autos recogidos, el magistrado rechaza la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para ambos y acuerda que permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario, al tiempo que propone modificar el mencionado artículo.

En opinión de Castro, la decisión de la semilibertad genera "falsas expectativas" a los presos y también "desasosiego innecesario" a las víctimas "e incluso a la ciudadanía. 

En el caso de Iparragirre, el juez recuerda la gravedad de los delitos por los que fue condenada, y argumenta que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena (30 años de prisión) están relativamente próximas, en marzo de 2027. No obstante, añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

Castro sigue así el criterio de la Fiscalía, que presentó un informe en el que se oponía al régimen de semilibertad de Anboto, que fue concedido por el Gobierno Vasco. En él, el Ministerio Fiscal apuntaba a la "conversión encubierta" de su actual situación penitenciaria a un tercer grado.

Según ha adelantado a EITB la abogada de Iparragirre, presentarán recurso a la decisión del magistrado.

Gobierno Vasco: "No hay ninguna ilegalidad"

El Gobierno Vasco ha expresado su respeto a esta decisión judicial y ha considerado que forma parte de "los mecanismos de garantía" del Estado de derecho, que es "un sistema plenamente garantista".

Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos en el Gobierno Vasco han subrayado en todo caso que "no hay ninguna ilegalidad" en la aplicación del citado artículo del Reglamento Penitenciario, y que todo obedece a una "diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución".

"Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad", han recalcado las fuentes. 

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