El Gobierno de España apura las negociaciones para aprobar el decreto de vivienda el martes

El Gobierno de España apura las negociaciones con sus socios parlamentarios para intentar aprobar el próximo martes el nuevo decreto de vivienda. Sumar se ha mostrado dispuesto a estudiar las bonificaciones fiscales planteadas por Junts para los propietarios, mientras que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha considerado que la aprobación del paquete es "determinante y decisiva".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que existe voluntad política para alcanzar un acuerdo antes del martes y ha defendido mantener la "mano tendida" a Junts, cuyos votos son necesarios para la mayoría parlamentaria.

Urtasun ha explicado que Sumar aceptó "desde el principio" debatir las propuestas fiscales de Junts porque considera necesario alcanzar un acuerdo ante la situación de la vivienda. "La gente quiere soluciones", ha señalado.

El ministro ha confirmado que se están estudiando las propuestas de la formación independentista con el objetivo de construir un decreto "donde todo el mundo se sienta reflejado". Entre las medidas que plantea incluir figuran la protección frente a los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y mecanismos para evitar fuertes incrementos de las rentas al renovar los contratos.

Bustinduy ha afirmado que no "concibe otro escenario" que el PSOE lleve el próximo martes el nuevo decreto de vivienda al Consejo de Ministros.

Preguntado por si abandonaría el Gobierno en caso de que el PSOE pospusiera el paquete de medidas, el ministro ha evitado responder, aunque ha subrayado que existen momentos políticos "determinantes y decisivos" y que este es uno de ellos, en un contexto marcado por la presión social ante los problemas de acceso a la vivienda.

Sobre la negociación con Junts, Bustinduy ha reconocido que sus posiciones en política económica están en las "antípodas" de las de la izquierda, pero ha defendido la necesidad de encontrar puntos de acuerdo.

En cuanto a las desgravaciones fiscales, ha señalado que no son el modelo que defiende la izquierda porque considera que "no funciona" y que en algunos casos puede resultar injusto. No obstante, ha diferenciado un mecanismo de bonificación fiscal dirigido a pequeño propietarios de las desgravaciones como incentivo general para poner viviendas en alquiler.

"Para que haya un acuerdo tendrá que haber cesiones por todas partes", ha advertido.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reclamado buscar un "mínimo común denominador" entre los diferentes grupos parlamentarios para aprobar "lo antes posible" un decreto que permita hacer frente a la crisis de vivienda.

En declaraciones a TV3, Nogueras ha asegurado que el PSOE ha trasladado a Junts que ve "con buenos ojos" medidas que la formación registró en el Congreso y entregó personalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado 3 de septiembre.

Entre las propuestas de Junts ha citado desgravaciones fiscales para los alquileres, la adquisición de vivienda y las cuentas de ahorro, así como la suspensión de desahucios cuando las viviendas sean propiedad de fondos de inversión y la prohibición de que estos fondos compren más inmuebles.

Nogueras ha defendido que no se trata de que los partidos renuncien a sus principios, sino de buscar puntos de acuerdo. También ha advertido de que Junts no apoyará "leyes jurídicamente inaplicables".

Al margen de la negociación del decreto, Urtasun ha defendido una "solución concreta" para Maricarmen, la mujer desahuciada de una vivienda propiedad de un fondo de inversión.

El ministro ha planteado la posibilidad de expropiar el inmueble, apelando al artículo 33 de la Constitución española, que contempla las expropiaciones forzosas. También ha reclamado que la empresa estatal Casa 47 pueda ofrecerle una alternativa de alquiler asequible.

Por su parte, la eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha advertido de que incluso el "mejor" decreto de vivienda sería solo "un parche" y ha reclamado medidas estructurales, entre ellas la expropiación de viviendas propiedad de fondos de inversión, contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de comprar viviendas con fines especulativos.