EH Bildu registra dos iniciativas para declarar toda Hego Euskal Herria zona tensionada
La coalición ha presentado este jueves sendas iniciativas en los parlamentos vasco y navarro para que los gobiernos vasco y navarro ejerzan sus competencias e inicien el procedimiento legal para declarar tanto la Comunidad Autónoma Vasca como Navarra zonas tensionadas.
Pello Otxandiano y Nerea Kortajarena en el Parlamento Vasco. Imagen de archivo: EITB
EH Bildu ha registrado este jueves en el Parlamento Vasco y en el Parlamento de Navarra sendas iniciativas en la que plantea que toda Hego Euskal Herria sea declarada zona tensionada, con el fin de que la limitación de los precios y la prórroga por tres años de los contratos de alquiler que hasta ahora se implanta a escala municipal pueda aplicarse en toda la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras registrar esta iniciativa en el Parlamento Vasco, ha defendido la importancia de extender la figura de la zona de mercado residencial tensionado.
Además, ha indicado que la Ley de Vivienda de 2023 por la que se establece esta figura jurídica "no habla de municipios" a la hora de regular la aplicación de esta medida, por lo que considera "viables" estas iniciativas. "Es una iniciativa necesaria, porque se trata de un problema generalizado", ha señalado Kortajarena.
En un comunicado, EH Bildu ha advertido de que el acceso a la vivienda se ha convertido en una "verdadera emergencia social" ante la que son necesarias políticas públicas "capaces de intervenir en el mercado y poner límites a la especulación".
Ha lamentado que ante un "problema generalizado que requiere soluciones integrales" los ejecutivos vasco y navarro han optado por una "aplicación limitada" de las zonas de mercado residencial tensionado, lo que deja fuera, a su juicio, "a una parte importante" de los municipios.
En la iniciativa se recoge además que los dos gobiernos desarrollen un índice propio de referencia de precios del alquiler que tenga en cuenta las características de las viviendas, las diferencias territoriales y las condiciones sociales y económicas de los arrendatarios.