Los partidos vascos muestran sus diferencias sobre la protección de inquilinos en un debate marcado por el caso Maricarmen
Los grupos del Parlamento Vasco han mostrado este jueves sus diferencias sobre la forma de reforzar la protección de las personas que viven de alquiler, en un debate marcado por las alusiones al caso de Maricarmen Abascal, fallecida este pasado miércoles a los 87 años tras haber sido desahuciada de la vivienda en la que había residido durante 71 años en Madrid.
El Pleno del Parlamento Vasco ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de Sumar, cuya iniciativa —al igual que las enmiendas de EH Bildu y PP— ha sido rechazada, y en su lugar ha salido adelante la enmienda de totalidad de PNV y PSE-EE.
El debate ha llegado a la Cámara de la mano de Sumar, grupo que se ha hecho eco de la situación de las 510 viviendas de protección oficial en alquiler de Benta Berri en San Sebastián que perderán su calificación en 2028 tras haber sido adquiridas por un fondo de inversión. La proposición no de ley ha sido rechazada con 43 votos en contra (PNV, PSE, PP y Vox) y 27 a favor (los de la propia coalición progresista y EH Bildu).
Son bloques construidos en la década de los noventa del pasado siglo y por lo tanto anteriores a la ley vasca que en 2003 determinó que todas las viviendas protegidas construidas a partir de su aprobación mantendrían la calificación de manera permanente.
En su iniciativa Sumar pedía la modificación de la Ley de Vivienda y seguir el ejemplo de Navarra para que todas las viviendas de alquiler protegidas lo sean para siempre, de forma que no puedan ser desclasificadas, ni incorporadas al mercado libre ni perder su destino al alquiler.
Esta propuesta ha decaído al haber obtenido solo los apoyos de su promotor y de EH Bildu, del mismo modo que lo ha hecho la alternativa del PP, mientras que ha salido adelante la enmienda a la totalidad de PNV y PSE-EE, en la que Sumar y la coalición abertzale se han abstenido.
En concreto, a través de este texto el Parlamento Vasco ha instado al Gobierno autonómico a modificar la Ley de Vivienda con el fin de extender la vigencia de la protección pública a las que lo estén de manera temporal solo cuando los bloques se ubiquen en las zonas tensionadas y mientras esta declaración perdure.
Este planteamiento afectaría a las viviendas de Benta Berri y a todas las que se encuentren en una situación similar en Euskadi.