La acusación popular de Zaldibar asegura que depurará responsabilidades, también políticas

La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y Zaldibar Argitu, que conforman la acusación popular por un delito medioambiental en el derrumbe del vertedero de Zaldibar en el que murieron dos trabajadores, han asegurado este viernes que "depurarán todas las responsabilidades, también las políticas".

Ambas plataformas, constituidas por sindicatos y movimientos sociales, han opinado a través de un comunicado sobre el pacto alcanzado entre las diversas partes en relación a este derrumbe, en el proceso judicial abierto por un delito contra la seguridad de los trabajadores y por dos homicidios por imprudencia grave.

Dicho pacto, conocido hoy, se ha alcanzado entre los tres responsables de la empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero de Zaldibar, y acusados de los citados delitos, y la fiscalía y las familias de los fallecidos. Según lo acordado, los acusados asumen una condena de seis meses de prisión, con lo cual evitarán la cárcel.

Tras asegurar que "respetan y entienden" la decisión de pactar de las familias, ambas plataformas recuerdan que también se presentaron como acusación popular en ese proceso y no los aceptaron. Tildan de "sospechoso" el hecho de que se haya evitado su presencia en la negociación del acuerdo.

"En apenas un mes se ha cerrado un caso en los juzgados, estaba todo bien organizado para hacerlo rápido y, además, durante las vacaciones. Esta suele ser una artimaña muy utilizada por el Gobierno Vasco cuando no le interesa hacer mucho ruido", se afirma en el comunicado.

Remarcan que aún queda el juicio por un delito medioambiental y en este procedimiento "se aclarará lo ocurrido en Zaldibar".

Reacciones de los partidos

Por otro lado, Mikel Otero, parlamentario de EH Bildu, ha advertido de que el acuerdo "no puede servir para esconder la responsabilidad" del Gobierno Vasco en lo ocurrido. Así, considera que "los procesos judiciales sobre el desastre de Zaldibar no pueden darse por cerrados sin aclarar y depurar las responsabilidades de la Administración".

Además, Otero ha asegurado que "la negligencia que ahora admite la empresa fue posible porque fallaron los controles públicos". Otero ha manifestado que "los delitos que ahora reconoce la empresa fueron posibles porque los controles de la Administración en el vertedero fallaron estrepitosamente", por lo que ha reclamado que se esclarezcan "las correspondientes responsabilidades políticas".

"Los procesos judiciales en marcha no pueden cerrarse sin aclarar y depurar las responsabilidades del Gobierno de Iñigo Urkullu; es una cuestión de pura justicia", ha añadido.

Por su parte,  Podemos Ahal Dugu ha exigido que se depuren todas las responsabilidades, y ha denunciado que el Gobierno Vasco "sigue sin asumir cualquier responsabilidad política en esta catástrofe, ya que se ha dedicado en todo momento a escurrir el bulto por su nefasta gestión y volcar toda la culpabilidad en la empresa Verter Recycling".

En un comunicado, la formación morada ha trasladado un mensaje de solidaridad y cariño a las familias de los dos trabajadores fallecidos, en especial a la de Joaquín Beltrán, "cuyo cuerpo permanecerá para siempre sepultado bajo el vertedero después de que el Gobierno vasco decidiese abandonar la búsqueda en contra de la voluntad de sus allegados".

Por otro lado, ha recordado que sigue abierta la investigación judicial por un presunto delito medioambiental derivado del derrumbe.