Vitoria es declarada zona tensionada de vivienda

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica la declaración de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado, aunque esta clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado, algo que se espera para finales de octubre.

En concreto, el BOPV publica hoy una orden del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, por la que se declara zona tensionada todo el casco urbano de la ciudad más las entidades menores de Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardelegui. Se excluye la zona rural constituida por las entidades locales menores que no están insertas en la trama urbana.

Esta medida, que afecta al área donde viven 256.000 personas, el 97,9 % de la población de Vitoria, "permitirá controlar los precios de alquiler y aplicar políticas públicas para construir más de 3.000 viviendas protegidas en 3 años", han informado el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico a través de una nota de prensa.

San Sebastián es desde julio zona tensionada y a finales de octubre el BOE oficializará la declaración como zona tensionada de vivienda tanto de Vitoria como de Bilbao, Astigarraga y Usurbil. Cuando esto ocurra el 47,7 % de la población de Euskadi residirá ya en zonas tensionadas, un porcentaje que superará el 50 % en los próximos meses cuando se sumen Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa y Hernani, cuyos trámites de declaración están en curso.

El Gobierno Vasco está preparando para las próximas semanas un acto que contará con la presencia de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, con motivo de la declaración oficial de las tres capitales como zonas tensionadas.

Por su parte, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha destacado que con la declaración de la ciudad como zona tensionada "va a ser posible la aplicación de una batería de políticas públicas orientadas a corregir las disfunciones del mercado y a ampliar la oferta residencial accesible".

La calificación de la capital alavesa tendrá una duración inicial de tres años y permitirá la aplicación de un plan de choque en materia de vivienda, que incluye construir vivienda protegida: se impulsarán 3.012 nuevas viviendas, de las cuales un 53 % serán de alquiler protegido.

Además, se podrán limitar los precios del alquiler y aplicar los topes previstos en la Ley de Vivienda. En el caso de Álava, y de cara a disponer del índice de referencia para fijar ese límite, el Eustat está desarrollando una metodología cruzando la información tributaria con sus bases de datos propias y las del Departamento de Vivienda. Este índice podría estar para el primer semestre de 2026.

El plan de choque también apuesta por la rehabilitación con más ayudas para la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad de viviendas y edificios residenciales; el recargo del 50 % en el IBI a viviendas deshabitadas (al que podrían sumarse otras medidas fiscales), y la habilitación de locales en planta baja y otras fórmulas de alojamiento transitorio dirigidas a jóvenes, mayores y colectivos vulnerables.