PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda

La Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo impulsada por PNV y PSE-EE que flexibiliza los trámites para la edificación e impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas, ha sido aprobada este jueves por el Parlamento Vasco con el rechazo de toda la oposición, que ha denunciado que no se haya buscado el consenso ante este reto de gran magnitud.

No ha habido sorpresas ni novedades en la votación de esta ley que los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, han impulsado no como un proyecto normativo del Ejecutivo, sino como una proposición de ley de ambos grupos, con lo que se ha evitado que el texto haya sido sometido previamente a una serie de informes previos y a una memoria económica. Con este tipo de iniciativas también se acortan los plazos parlamentarios y los grupos no pueden presentar enmiendas a la totalidad.

EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas. La ley entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Durante el debate, el diputado de PNV, Jonatan Moreno, ha defendido que esta es "una ley centrada y que busca tomar soluciones para los problemas de la clase media y de la juventud". En su opinión, en adelante se construirá "más y más rápido". 

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha insistido en que se trata de una ley pensada para las personas más vulnerables y las clases medias, que protegerá a los inquilinos y dará mayor agilidad y flexibilidad a los trámites urbanísticos y ambientales.

La oposición en contra, pero por diferentes razones

En cuanto a la oposición, el parlamentario de EH Bildu, Xabier Astigarraga, ha asegurado que esta ley no soluciona el problema de acceso a la vivienda. Aunque se ha mostrado a favor de la reducción de los trámites burocráticos, se ha opuesto a la reducción del porcetaje para viviendas sociales y ha criticado que la norma deja sin efecto mecanismos de control para la construcción, sobre todo en cuanto a las garantías medioambientales. "Hay que centrar los esfuerzos en crear vivienda asequible, no en los beneficios de los intereses privados", ha remarcado.

La parlamentaria del PP, Ana Morales, ha esgrimido razones contrarias para rechazar la ley. En su opinión se va a tensionar mucho más el mercado de alquiler al contemplar sanciones a propietarios y defiende una rebaja mayor el porcentaje de viviendas protegidas. Ha acusado al PNV y PSE de impulsar el modelo "más intervencionista de toda España".

Jon Hernández, diputado de Sumar, ha reprochado al Gobierno Vasco que no tenga "ni la más mínima intención de luchar contra la especulación" y ha apostado por aumentar los estándares de vivienda protegida en lugar de disminuirlos. 

Finalmente, Amaia Martínez, de Vox, ha opinado que la ley contempla medidas "invasivas" contra la propiedad y condena a la pobreza habitacional a miles de vascos.

El Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, opina que el Gobierno "ocupa el carril central", en medio de las críticas que les llegan de derecha e izquierda, en referencia al PP y EH Bildu. Asegura que el problema de la vivienda "tiene solución" y que hoy Euskadi "está más cerca de ella". 

Fuera del Parlamento Vasco, la norma ha recibido también las críticas de los sindicatos ELA y LAB que han calificado la norma "como una oportunidad perdida" porque "beneficia los intereses privados y no dará solución a la crisis habitacional". 

En una nota, ELA ha constatado que esta ley "sigue la misma lógica inmobiliaria de las últimas décadas" de "impulsar la compraventa de vivienda y construir más vivienda libre para que las empresas constructoras y los bancos ganen más".  También ha criticado que no se ha aprovechado esta oportuniad para desarrollar la norma del Estado español en torno a las zonas tensionadas.

LAB ha coincidido en que se ha aprobado "una ley a medida de la patronal inmobiliaria" y no incluye "ni una sola medida para proteger a la clase trabajadora y frenar la subida constante de los precios". Según esta central, ante la actual crisis habitacional, "hay que fomentar el alquiler público, barato y permanente".

Claves

La nueva legislación, que modifica artículos de otras leyes vascas como la del Suelo y Urbanismo, Vivienda y Turismo, tiene cinco principales claves. 

Por una parte, busca movilizar suelo para acelerar la promoción de vivienda libre y protegida, agilizar trámites urbanísticos y evaluaciones medioambientales e intervenir el mercado de los pisos turísticos en zonas tensionadas con la prohibición de nuevas licencias en estas áreas.

Otra de las novedades es que se abre la horquilla para poder rebajar el porcentaje de vivienda de protección que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas. Ahora ese porcentaje está en el 75 % y se abre la posibilidad de que los ayuntamientos lo rebajen hasta el 60 % de las promociones. También se permitirá añadir más pisos en edificios ya construidos.