El Gobierno español aprobará el martes un decreto con medidas sanitarias post-alarma

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado ante el Pleno del Congreso que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un real decreto ley en el que se recogerán todas las medidas sanitarias que será necesario mantener frente al COVID19 una vez que se levante el estado de alarma en los distintos territorios, lo que está previsto a más tardar para el próximo 21 de junio o incluso antes en las Comunidades Autónomas que van más adelantadas si así lo deciden sus presidentes autonómicos.

Este decreto ley "para la nueva normalidad" recopilará, según ha detallado, todas las medidas de "prevención, contención y coordinación" para hacer frente a la crisis sanitaria que es preciso mantener aún y que se han ido desarrollando a través de sucesivas órdenes ministeriales cuya vigencia expira con el fin del estado de alarma.

La última y definitiva prórroga del estado de alarma (hasta el 21 de junio) que hoy autorizará el Congreso de los Diputados permite a las autonomías que a partir del día 8 estén ya o entren en la fase 3 de la desescalada (la última de las previstas en el plan de transición) decidir cuándo salen sus territorios del estado de alarma, si la evolución de los datos sanitarios así lo aconseja.

Esto significa que algunas CCAA podrán poner fin a la vigencia del estado de alarma en sus respectivos territorios incluso antes del 21 de junio. De ahí la necesidad de tener preparado antes un real decreto ley que permita mantener unas mínimas medidas sanitarias, como la obligación sobre el uso de la mascarilla, aun cuando el estado de alarma ya no esté vigente.

Cumplir lo pactado con Ciudadanos

Se trata de un compromiso que el Gobierno adquirió con Ciudadanos en la negociación que garantizó el apoyo de esta formación a la última prórroga del estado de alarma, pero que ya había avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una comparecencia el pasado 26 de mayo, cuando explicó que ésta sería la alternativa que le quedaría al Ejecutivo en caso de no conseguir el aval de la Cámara para prorrogar el estado de alarma hasta finales de junio.

Ahora bien, como explicó la vicepresidenta entonces, este decreto ley no sirve para restringir un derecho fundamental como la libertad de circulación. En caso de que se necesitase confinar a una población determinada, sin estado de alarma la decisión correspondería al Gobierno autonómico, con el aval de un juez, como ocurrió en el caso de la cuarentena impuesta a todo un hotel en Tenerife en febrero pasado o con el confinamiento de la ciudad catalana de Igualada.