El fotógrafo Kote Cabezudo será juzgado por tercera vez el próximo jueves

El fotógrafo Kote Cabezudo, investigado por distintos delitos de índole sexual y estafa a una veintena de modelos en diferentes causas abiertas en su contra en juzgados de San Sebastián, se enfrentará el próximo jueves a una nueva petición de nueve meses de cárcel, en el tercer juicio celebrado hasta ahora en su contra.

El denominado "caso Cabezudo" es un complejo asunto judicial con una causa principal, iniciada en 2013, en la que el fotógrafo se halla procesado por la posible comisión de 47 delitos, varios de ellos contra la libertad sexual de sus modelos, y de la que cuelgan múltiples pequeñas causas desgajadas.

Hasta el momento, el fotógrafo ha sido condenado en firme en una de estas piezas separadas, a dos años y tres meses de cárcel, por tratar de "intimidar" a una testigo colgando en una red social una fotografía suya desnuda.

Además, una segunda condena a cinco meses de prisión -por aportar a la Justicia contratos falsificados para simular que una de sus modelos era mayor de edad-, se encuentra recurrida en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa.

A la espera aún de fecha para la celebración de la vista oral de la causa matriz, Cabezudo deberá afrontar el próximo jueves su tercer juicio por otra de estas causas menores, en esta ocasión por presuntamente mostrar una foto "de corte erótico" de una joven en una red social.

Por este motivo, el Ministerio Público reclama ahora ocho meses de cárcel para Cabezudo por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, la misma pena que demanda la acusación particular, que ejerce la víctima, que además reclama una compensación de 3.000 euros para su representada cuya imagen habría sido captada por el fotógrafo cuando aún era menor de edad.

El fotógrafo tendrá que afrontar próximamente otras dos nuevas vistas, que tendrán lugar en febrero y en abril, por presuntamente intentar borrar imágenes de un servidor informático antes de que la Ertzaintza pudiera acceder a él con el fin de obtener pruebas para la investigación del caso, así como por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad, al no respetar la orden judicial de hacer desaparecer cualquier vídeo o imagen de una de sus presuntas víctimas que pudiera tener en sus páginas web o en cualquier "perfil público de una red social" en el que apareciera la perjudicada.