La jueza indaga si la Policía Local tenía protocolo para avisos del 112 antes del colapso de El Bocal
La jueza que investiga el derrumbe de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, accidente en el que murieron seis jóvenes y una chica resultó herida grave, ha puesto el foco en los protocolos de actuación de la Policía Local ante avisos procedentes del 112. La magistrada quiere aclarar si existía un procedimiento específico para este tipo de comunicaciones, después de que un vecino alertara del mal estado de la estructura el día previo al siniestro.
Para ello, ha ordenado la declaración como testigos de superiores y compañeros de la agente que recibió el aviso, así como de la gestora del 112 implicada en la llamada. También ha solicitado al jefe de la Policía Local que detalle si el protocolo vigente se aplica solo a avisos ciudadanos o incluye los procedentes de servicios de emergencias.
Paralelamente, amplía la investigación al mantenimiento y construcción de la pasarela, citando a la jefa de obra, operarios de 2024 y al ingeniero del proyecto de 2014, y solicitando al perito judicial que evalúe los materiales utilizados y su cumplimiento normativo. Los primeros informes señalan oxidación en los herrajes de apoyo, mientras que el único mantenimiento realizado en diez años se centró en la madera, lo que podría haber sido insuficiente.
La jueza apunta a posibles responsabilidades por negligencia y mantiene como investigados a responsables de Costas, además de considerar al Ayuntamiento de Santander como posible responsable civil.
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