El Gobierno Vasco recurrirá la sentencia sobre el euskera: "Ignora el camino recorrido durante 40 años"

El Gobierno Vasco ha con firmado que recurrirá la sentencia emitida el lunes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria-Gasteiz, quien ha dado la razón a UGT y permite la admisión en la convocatoria de las bolsas de trabajo de policía local de Euskadi a todos aquellos aspirantes que no posean el nivel B2 de euskera.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, que recurrirán la sentencia. Así, ha recordado que durante 40 años se han aprobado varios decretos en relación al euskera, entre ellos el de normalización del uso del euskera, y que se establecieron una serie de criterios. "Esta sentencia que se ha conocido ahora ignora el camino que se ha recorrido en nuestras administraciones durante estos 40 años", ha señalado.

En cuanto a la capacitación lingüística de los agentes municipales, Zupiria ha recordado que antes de solicitar el nivel B2 de euskera hubo problemas en varias localidades de Euskadi, ya que muchos ciudadanos no podían dirigirse a los agentes municipales en euskera, y que ese requisito lingüístico se tomó para respoder a esa demanda: "Por eso se tomó la decisión de pedir el nivel de euskera en la bolsa de trabajo", ha explicado.

UGT informó el lunes en un comunicado de la sentencia favorable de la Justicia, en la que se reconoce que, aun careciendo del perfil B2 de euskera, los ciudadanos pueden acceder a las bolsas de trabajo de Policía Local en la Comunidad Autónoma Vasca.

En agosto de 2021 se convocó un procedimiento de selección para la creación de una Bolsa de Agentes interinos e interinas de Policía Local del País Vasco, convocatoria a la que no podían presentarse personas que no pudieran acreditar el nivel B2 de euskera.

UGT considera que esta convocatoria deja fuera a toda la población que no puede acreditar el nivel de euskera B2 y que podría ocupar legalmente determinados puestos de trabajo, por lo que se podría entender que se está produciendo un "trato discriminatorio".

La jueza que ha emitido la sentencia ordenó en febrero readmitir a una trabajadora interina argumentando que el euskera es "muy difícil, el quinto idioma más difícil del mundo". 

Reacciones

La presidenta del EBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este martes que ha recibido con "asombro" la noticia, y ha cree que la decisión supone "una vulneración de los derechos lingüísticos" de la sociedad.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, Atutxa ha afirmado que "seguro que es buen juez" y que "ha adoptado esa decisión basado en alguna ley", pero se ha preguntado "¿dónde quedan los derechos lingüísticos de la sociedad en un país que, reconocido por la ley, debe ser bilingüe?".

En este sentido, ha asegurado que "en este país no hacemos leyes contra los trabajadores, no estamos en contra de los derechos de los trabajadores, sino que hablamos del bienestar de la sociedad y de la defensa de una lengua que no está agonizando pero sólo hablamos aquí".

El alcalde de Vitoria-Gasteiz y presidente de Eudel, Gorka Urtaran, no cree que la sentencia vaya a tener "un impacto real" en las administraciones locales. Y es que, según ha explicado en Radio Euskadi, "para entrar a la administración y a la función pública en Euskadi se requiere unos mínimos conocimientos de euskera en función del trabajo que vas a desempeñar", tras lo cual ha puntualizado que, "en este caso, el 90 % de los aspirantes tienen ese perfil".

El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, por su parte, ha afirmado que en la administración pública vasca un número "importante" de la plantilla cuenta con perfil lingüístico requerido, por lo que, en su opinión, "es muy raro que no haya nadie para atender en euskera". "No hay que dramatizar los datos", ha añadido.

El Observatorio de Derechos Lingüísticos ha advertido de que la resolución supone un "riesgo de perpetuación" de las vulneraciones de derechos de los ciudadanos que repercutirá en el perjuicio de los derechos de los ciudadanos y, en consecuencia, en la calidad del servicio.

Según el Observatorio, todos los puestos de trabajo son puestos vinculados a la seguridad ciudadana, por lo que, en todo momento deberían estar habilitados para garantizar la atención en euskera, "si se quieren respetar los derechos de los ciudadanos y ofrecer un servicio de calidad".

Euskalgintza Kontseilua, por su parte, ha denunciado "enérgicamente" la sentencia. Según el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, los tribunales siguen haciendo una política lingüística contraria a los derechos de la ciudadanía: "Es inadmisible que se sigan publicando resoluciones que perpetúan la vulneración de los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Considera que el objetivo de los tribunales debería ser defender los intereses y derechos de la ciudadanía, pero están actuando en la dirección contraria: "En los últimos meses venimos diciendo que los tribunales están haciendo política lingüística, que siguen la ofensiva contra los derechos de las y los vascos. De hecho, la resolución no es más que otro eslabón más en esa cadena. Por eso mismo, creemos que hay que dar una respuesta unitaria", ha señalado.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha emplazado a las instituciones a responder a los "abusos y excesos" de los tribunales contra el euskera, en un momento en el que los derechos lingüísticos de los ciudadanos vascos "están en cuestión y no se respetan en su totalidad". Ha calificado este fallo de "nuevo ataque de la Justicia contra la normalización del uso del euskera que discrimina al euskera y a las personas vascoparlantes" y ha denunciado que en los últimos años "se están multiplicando acciones por medio de diferentes decisiones judiciales" contrarias a la lengua vasca, lo que pone de manifiesto que los dos idiomas oficiales "no reciben el mismo trato".

LAB ha considerado que la sentencia que permite el acceso a las bolsas de trabajo de policía local de Euskadi sin acreditar el perfil 'B2' de euskera es "un grave ataque" que pretende "obstaculizar la normalización del uso del euskara" en la administración pública. Asimismo, ha opinado que "es hora de organizar una movilización eficaz" ante "los ataques" contra el euskara.