Las personas investigadas en el caso del palacete de Getxo tendrán que declarar el 25 de febrero
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, plaza número 2, ha emitido este lunes un auto en el que cita el 25 de febrero a declarar como investigadas por un posible delito contra el patrimonio histórico y otro de prevaricación a 10 personas, de las que tres son concejales del PNV en ese Ayuntamiento.
Según han informado fuentes del Poder Judicial, la jueza ha emitido el auto al término de las diligencias de investigación por el derribo en agosto de 2024 del palacete Irurak Bat, edificio que contaba con un grado de protección local, ubicado en el barrio de Algorta, donde una cooperativa de la que formaban parte dos miembros del equipo de gobierno local, del PNV, había proyectado edificar 12 viviendas de lujo.
El auto recoge que de esa investigación "se derivan indicios de la comisión de un posible delito sobre el patrimonio histórico y otro de prevaricación vinculada con un delito contra el patrimonio histórico e investiga a diez personas", entre ellas tres que eran ediles del PNV en el momento de los hechos denunciados.
En concreto, el 25 de febrero deberán declarar junto al resto de investigados, Irantzu Uriarte y Ignacio Uriarte, que son pareja y eran cooperativista de la empresa constructora, e Iñigo Urquiza, que era responsable del área de Disciplina Urbanística de ese Ayuntamiento. Los tres presentaron la semana pasada su dimisión.
Las diligencias por el derribo se incoaron en el juzgado el 21 de octubre de 2024 y en un primer momento, por auto del 17 de octubre de 2025, se consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un posible delito del artículo 321 del Código Penal que regula los delitos sobre el patrimonio histórico y se declaró como investigadas a cuatro personas vinculadas con la promotora y empresa que llevó a cabo derribo del palacete.
Posteriormente, y tras la ampliación del atestado recibido en el juzgado el 12 de enero de este año, este órgano acordó ampliar las presentes diligencias por la comisión de un posible delito de prevaricación en el marco de los delitos contra el patrimonio histórico (artículo 322 del Código Penal) e imputar a otras seis personas más, entre ellas tres ediles del PNV del consistorio en el momento de los hechos denunciados.
Fue el grupo municipal de EH Bildu el que inició la causa, en la que también están personadas el PP, que ha pedido que dimita la alcaldesa, y la Fiscalía.
Por su parte, el PNV ha respaldado a la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, y ayer el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, constató que la investigación judicial solo apunta a "tres concejales", mientras el PSE-EE, su socio en ese municipio, ha exigido "la máxima claridad" respecto a lo ocurrido.
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