Las claves de la ley de transitoriedad jurídica de Cataluña

JxSí y la CUP presentaron y registraron el 28 de agosto en el Parlament su proyecto de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, aprobada en el pleno y suspendida después por el Tribunal Constitucional español.

Bautizada como la principal ley de 'desconexión', define un corpus legal transitorio hasta la redacción de una Constitución catalana: se trata de una Carta Magna provisional que estaba previsto que entrara en vigor sólo si ganaba el 'sí' a la independencia en el referéndum del 1 de octubre.

La ley indica que es el Govern el que detalla el despliegue y este viernes el pleno del Parlament ha votado una proposición de resolución de JxSí y la CUP que insta al Ejecutivo catalán a hacerlo ya.

CONSTITUCIÓN ANTES DE UN AÑO

La ley establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de la República catalana.

Ahora debe iniciarse un proceso participativo de seis meses para recoger propuestas ciudadanas y después habrá unas elecciones especiales de las que saldría una Asamblea Constituyente que redactaría en seis meses una Carta Magna -que se aprobaría por tres quintos del Parlament y refrendarían los catalanes-.

Así, la república ya podría funcionar "al 100%" en un año, y los catalanes irían a las urnas tres veces más tras el 1-O: en unas constituyentes, en el referéndum de una Constitución y en las primeras elecciones parlamentarias de una república.

MANTIENEN LEYES ESTATALES QUE NO CONTRADIGAN

En el periodo transitorio seguirían vigentes las normas de la UE, los tratados internacionales y todas las leyes estatales que "no contradigan" la ley catalana de transitoriedad jurídica. Se podrán recuperar todas aquellas normas catalanas que haya suspendido el Tribunal Constitucional y volverles a dar rango legal.

JEFE DE ESTADO, CONTROL DE FRONTERAS, EXPULSIÓN DEL EJÉRCITO

El presidente de la Generalitat es automáticamente jefe del Estado. Cataluña asumirá el control de las fronteras y aduanas, y expulsará al Ejército hasta que la futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio.

CONTINUIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

Los empleados públicos del Estado que prestan servicios en Cataluña se integrarán automáticamente en el cuerpo funcionarial de la Generalitat, manteniendo sueldo y condiciones. Pero se especifica la necesidad de acordar con el Gobierno central las condiciones de integración de estos trabajadores.

También se requerirá la nacionalidad catalana para ser funcionario de la Generalitat y para acceder a empleos de "salvaguarda de intereses generales".

NACIONALIDAD CATALANA Y LENGUAS

Tendrá la nacionalidad catalana quien tenga la española y esté empadronado en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016: todo catalán mantiene la nacionalidad española, aunque puede pedir renunciar a ella.

En cuanto a quien no obtenga directamente la nacionalidad catalana, puede pedirla el nacido en Cataluña pero residente en el exterior; un español que haya vivido en Cataluña al menos 5 años, y el hijo de padre o madre catalán.

Los extranjeros con residencia 'legal y continuada' un mínimo de 5 años también pueden pedir la nacionalidad. Y la ley garantiza la cooficialidad de castellano, catalán y aranés.

JUSTICIA

Se crea un ordenamiento jurídico aunque manteniendo las plazas de los actuales jueces, magistrados, fiscales y letrados. Uno de los cambios más sustanciales es la sustitución del TC por Sala de Garanties y del TS por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El presidente del Supremo catalán será nombrado por el Govern y el fiscal general por el Parlament.

Se mantienen las salas judiciales civil, social, administrativa y penal pero se elimina la militar; y se añade una sala de garantías constitucionales, para recursos nucleares sobre derechos fundamentales y electorales. Y el Consell de Garanties Estatutàries (consultivo) se convierte en Consell de Garanties Democràtiques (vinculante).

AMNISTÍA A CONDENADOS POR EL PROCESO SOBERANISTA

Se amnistiará a todos los 'investigados o condenados por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república' -lo que incluye al expresidente Artur Mas y los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs-.

HACIENDA SOBERANA Y PENSIONES

La Generalitat será la única autoridad tributaria y la Agencia Tributaria estatal no recaudará en Cataluña: ciudadanos, empresas e instituciones deberán tributar en la catalana. Los detalles del traspaso y de los cambios se dejan en manos de decretos del Govern sobre la red tributaria.

La ley tampoco incluye una disposición sobre qué pasará con la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña, pero señala que será parte fundamental de una negociación con el Ejecutivo estatal.

Se garantiza que todo catalán cobre su pensión y prestación social, aunque sin detallar cómo.