El Parlamento Vasco rechaza crear una comisión de investigación sobre los campamentos de Bernedo

El Parlamento Vasco ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre los sucesos ocurridos en los campamentos de verano de Bernedo (Álava), donde se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, exhibicionismo y coacción a menores. La propuesta, presentada por el PP, ha sido rechazada con los votos de PNV y PSE-EE, que han considerado que este tipo de comisiones “no valen para nada” y generan “juicios mediáticos paralelos”.

El parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha argumentado que “las conclusiones suelen estar extraídas de antemano” y que “querer responsabilizar a las instituciones de todo es improcedente”. Urrutia ha defendido la actuación de la Ertzaintza, que “ha investigado y puesto todo a disposición judicial”.

EH Bildu, por medio de Eraitz Saez de Egilaz, ha criticado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por informar sobre el origen de las personas detenidas y ha reclamado una “rectificación inmediata”. Vox, en cambio, ha acusado a las instituciones de “sacudirse responsabilidades”. Desde Sumar, Jon Hernández ha acusado al PP de “utilizar políticamente” un caso “que afecta a menores”.

Desde el PSE, Pau Blasi ha negado que haya habido “indolencia ni pasividad” por parte de la Administración y ha recordado que el campamento “no estaba inscrito en los registros de las diputaciones ni del Gobierno Vasco” y que se trataba de una actividad “privada y autogestionada, sin subvención pública ni control administrativo”.

Por su parte, la portavoz del PP, Laura Garrido, ha denunciado “la inacción absoluta” del Gobierno Vasco y ha reclamado “dirimir responsabilidades políticas”. Ha recordado que existían antecedentes y que la Ertzaintza elaboró un informe en 2024 “sin que se actuara”. “Habrá responsabilidades penales, pero también tiene que haber responsabilidades políticas”, ha afirmado.

Finalmente, la Cámara ha aprobado una enmienda de totalidad impulsada por PNV y PSE-EE, con la abstención de Sumar y el voto en contra de EH Bildu, PP y Vox. El texto expresa su “más absoluto rechazo” a los hechos denunciados, reafirma la “tolerancia cero” frente a cualquier vulneración de los derechos de la infancia y propone la creación de un protocolo de registro e información de las entidades que trabajan con menores.

Además, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a desarrollar las leyes de Juventud (2022) y de Infancia y Adolescencia (2024), y a ofrecer apoyo psicológico y jurídico a las familias afectadas “para evitar la revictimización de los menores”.