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El Congreso debate extender el uso de las lenguas cooficiales en toda la Administración

La proposición de ley lleva la firma de ERC, PNV, EH Bildu y Compromís, BNG y los parlamentarios de Més per Mallorca y Comunes dentro del grupo de Sumar. Se debatirá en la última sesión plenaria del año, y su objetivo es, entre otros, que los documentos en catalán, euskera y gallego se admitan en toda la administración sin necesidad de traducción.
MADRID, 09/07/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene desde la tribuna de oradores en el pleno en el Congreso de los Diputados en Madrid, este miércoles. EFE/ Zipi
Imagen de archivo del Congreso de los Diputados. Foto: EFE

Los aliados del Gobierno español con lengua propia en sus territorios, excepto Junts, defenderán este martes en el pleno del Congreso una proposición de ley para extender el uso de las lenguas cooficiales en toda la Administración y permitir, por ejemplo, que los documentos en catalán, euskera y gallego se admitan sin necesidad de traducción.

La iniciativa lleva la firma de ERC, PNV, EH Bildu y Compromís, BNG y los parlamentarios de Més per Mallorca y Comunes dentro del grupo de Sumar y se debatirá en la última sesión plenaria del año.

Entre otras medidas estos partidos plantean reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los trabajadores de la administración de Justicia tengan que demostrar un conocimiento suficiente y adecuado de la lengua cooficial del territorio en el que vayan a ejercer.

Según explicó el pasado 19 de noviembre durante la presentación de la iniciativa el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la intención es reparar "una anomalía tan clara" como es, dijo, que los ciudadanos que viven en comunidades con lengua propia no puedan expresarse en sus idiomas en las instituciones del Estado.

La proposición incluye también una reforma de la Ley Orgánica de Educación para establecer que una vez finalizada la educación básica, todos los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y en la cooficial, si existe en el territorio.

Prevé además que todos los procedimientos administrativos y plataformas digitales estén disponibles en todas las lenguas y que se valoren criterios lingüísticos en las contrataciones y licitaciones que se hagan en las comunidades con varias lenguas. 

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