Gobierno Vasco: "No hay motivo jurídico para plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre los perfiles lingüísticos"

El Gobierno Vasco ha mostrado su "preocupación" ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de iniciar el trámite para plantear la posible inconstitucionalidad del artículo 187.5 de la Ley Vasca de Empleo Público, relativo a los perfiles lingüísticos, y alerta de la “gravedad” de que se cuestione el marco legal que sustenta la normalización del euskera en la administración pública.

Así lo han expresado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y la portavoz del Gobierno y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, en una comparencia conjunta que han realizado para analizar la situación. 

Ambas responsables han coincidido en que se trata de una situación “especialmente grave” y que, en la práctica, pone en cuestión “un pilar básico de la normalización lingüística en Euskadi, vigente y avalado durante más de cuarenta años”. Bengoetxea ha subrayado que elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional significaría “poner en cuestión todo el sistema de euskaldunización del sector público”, un sistema, ha recordado, que ha permitido un avance progresivo y proporcionado hacia un servicio verdaderamente bilingüe.

Por su parte, Ubarretxena ha señalado que el Gobierno Vasco considera que "no existe motivo jurídico para plantear esta cuestión de inconstitucionalidad"  y ha destacado que el contenido que ahora se cuestiona "no es nuevo". "Está presente en la Ley de Normalización del Uso del Euskera de 1982 y en la Ley de Función Pública de 1989, y  todo ese marco fue revisado y avalado por el Tribunal Constitucional", ha precisado. 

Ambas consejeras han reiterado la convicción del Gobierno Vasco de que “proteger el euskera es proteger la diversidad, la convivencia y la dignidad de quienes lo usan”.

Trayectoria procesal del caso

Los recursos del PP y Vox contra el Decreto 19/2024 sobre el uso del euskera en el sector público fueron presentados en marzo de 2025, y desde entonces, el TSJPV ha venido adoptando varias decisiones que el Gobierno Vasco considera "cuestionables". El Ejecutivo opina que "se están dando movimientos llamativos" en causas relacionadas con el idioma.

"El 14 de noviembre acumuló ambos recursos, pese a su contenido y alcance muy distintos, y ese mismo día abrió el trámite para una posible cuestión de inconstitucionalidad. La argumentación de la Sala sostiene que, si el artículo 187.5 fuera declarado inconstitucional, podrían quedar afectados otros artículos del decreto y elementos del sistema de perfiles lingüísticos. Actualmente se está a la espera del auto que decidirá si la cuestión se eleva o no al Tribunal Constitucional", han señalado.

Asimismo, el Ejecutivo de Gasteiz recuerda que "ni la Ley Vasca de Empleo Público ni el Decreto 19/2024 están suspendidos, y que ambos continúan en plena vigencia y aplicación".

Perfil lingüístico y preceptividad

Durante su intervención, Bengoetxea ha explicado "dos conceptos clave" del debate jurídico para "evitar confusiones frecuentes": perfil lingüístico y preceptividad.

El perfil lingüístico, ha indicado, "es una característica más del puesto, como lo son el nivel, la titulación o las funciones". "La Ley de Empleo Público establece que todos los puestos deben clasificarse con un perfil, pero ello no convierte automáticamente ese perfil en un requisito". 

En cambio, ha añadido, el asignar una preceptividad "convierte ese perfil lingüístico en requisito a partir de la fecha que se determina". "Mientras esa fecha de preceptividad no haya vencido no se podrá exigir su conocimiento. Y en todos esos casos el conocimiento del euskera se valora como mérito en las pruebas de acceso".

Llamamiento a los partidos políticos

Ante esta situación, la vicelehendakari primera  ha apelado al "consenso" de los partidos políticos  para llegar a acuerdos en torno a las iniciativas que, por separado, han presentado el PNV y EH Bildu, y que están vinculadas a la modificación de la Ley de empleo público, con el fin de dotar a los requerimientos lingüísticos de los procesos selectivos de seguridad jurídica.

Ha pedido a los partidos "que se esfuercen al máximo para llegar al más amplio consenso posible para blindar más aún si cabe el marco legal, para que no se den este tipo de cuestionamientos que generan inseguridad en las actuaciones de las administraciones públicas".