ELA fija como prioridades luchar por un SMI propio y mejorar el sector público con movilizaciones contundentes

ELA se ha fijado, como prioridad para este curso, el relanzamiento de la defensa de un SMI propio y establecer un salario mínimo de 1600 euros en todos los convenios que negocie. También redoblará la lucha sindical en el sector público, donde anticipa un incremento de la conflictividad y "movilizaciones contundentes" para solucionar sus "problemas estructurales".

Para dar cuenta de las líneas de actuación del sindicato, de cara al curso recien iniciado, han comparecido en rueda de prensa el secretario general Mitxel Lakuntza y la secretaria general adjunta, Amaia Muñoa, quienes han priorizado, dentro de la estrategia sindical, la defensa de subidas salariales por encima del IPC y no firmar convenios por debajo de esa referencia mínima.

Lakuntza se ha mostrado "especialmente preocupado" por el "empobrecimiento" de las clases trabajadoras por el encarecimiento de la vida, con un IPC que se sitúa en el 4,3%, cifra no alcanzada desde febrero de 2023, de forma que "la cesta de la compra se ha encarecido, de media, un 46% desde 2019 mientras los salarios, en cambio, sólo han crecido un 20%" ha apuntado.

Como resultado, ha añadido Lakuntza, "la vivienda, la energía, y los alimentos son ya el 50% del gasto de las familias de Euskadi y Navarra", por lo que una de las estrategias de ELA para revertir este empobrecimiento es "establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1600 euros en los convenios firmados por ELA".

Además, el sindicato "continuará exigiendo que se fije políticamente un mínimo de 1500 euros para el conjunto de los sectores, tal y como se pidió en la huelga general del pasado 17 de marzo", con el objetivo "claro" de "lograr subidas salariales para hacer frente al incremento de la inflación".

Lakuntza se ha referido a la situación del sector público, donde ha anticipado "un incremento de la conflictividad y movilizaciones contundentes para solucionar definitivamente los problemas estructurales que sufren, entre otras, las plantillas de Osakidetza, Educación, o los ayuntamientos".

Tras incidir en que desde ELA ya trabajan junto a otros sindicatos para concretar un calendario de movilizaciones, Lakuntza ha recordado que "el Gobierno sigue sin atender los problemas de fondo y sin incrementar la inversión, por lo que, sin mejorar las condiciones laborales no hay solución posible", ha denunciado.

Reforma fiscal para la patronal

En este contexto de empobrecimiento y "con un reparto cada vez menos justo de la riqueza", Lakuntza ha calificado de "frivolidad y un auténtico despropósito" la reforma fiscal que PNV y PSE han pactado que, además de, en lo fundamental, es la presentada por el PNV de Bizkaia", es una reforma "diseñada para recoger las demandas de la patronal".

En palabras de Lakuntza, el acuerdo "solo busca implementar más medidas para que las empresas y los salarios más altos paguen aún menos", en un contexto en el que una parte importante de las empresas obtiene beneficios récord, incluso en plena guerra de Irán".

Según ha lamentado, "Garamendi y Confebask la aplauden porque es una reforma pro-patronal" y porque, ha añadido, "para favorecer los intereses particulares de unas cuantas empresas, pretenden perjudicar al resto con una pérdida de recaudación y situaciones de discriminación".

Peticiones al lehendakari

Por su parte, Amaia Muñoa se ha referido a la ronda de encuentros con los agentes sociales convocada por el lehendakari Imanol Pradales, y a la que acudirán para pedirle que "presione a Confebask a sentarse a negociar un SMI propio" y plantearle "la necesidad de cambiar la orientación de las políticas públicas".

Además, le exigirá "implicación como empleador" para solucionar los conflictos abiertos en el sector público y le trasladará sus propuestas en vivienda, euskera o política industrial.

Por otro lado, emplazará "explícitamente" a Pradales a que se retire la propuesta de Ley de Diálogo Social "antisindical y antidemocrática" anunciada por el vicelehendakari Mikel Torres porque, a su entender, "pretende castigar a ELA y LAB por no participar en mesas vacías de contenido, es un ataque a la representación mayoritaria elegida por los trabajadores de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa", ha agregado.