Economía

Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se han reunido esta mañana en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.

Durante la parada técnica, que se prolongará entre 12 y 18 horas, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión.

El índice interanual se colocó en el 2,6 % en Álava y en Bizkaia, y en el 1,7 % en Gipuzkoa. En Navarra se situó en el 2,2 %.

Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.

El diputado general de Álava, Ramiro González, asegura que la Diputación está “absolutamente implicada” en la solución a la situación de Tubos Reunidos, y ha explicado que ha pedido a la SEPI que se implique y participe en una reestructuración de la deuda. 

Las jornadas de paro coincidirán con las mesas de negociación planteadas por la empresa y se celebrarán los días 17, 23 y 26 de febrero, así como el 4 y 9 de marzo. 

Entre las bocinas y aplausos de paseantes de la zona, unos 8000 agricultores y 500 tractores de todo el Estado han vuelto a tomar el centro de Madrid. El objetivo de la protesta es mostrar el descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones. También han acudido agricultores de Euskal Herria; al menos 35 agricultores del grupo alavés Ataca han participado en la protesta.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno tiene "la mano tendida hacia delante" para buscar medidas que ayuden a la viabilidad de empresas de sectores estratégicos. Respondiendo a un pregunta de EH Bildu realizada en el Congreso, el ministro ha afirmado que anteriormente también ha solido recibir ayudas como "112 millones de euros de préstamo a través del fondo de apoyo a la solvencia, más de 20 millones recibidos de ocho entidades financieras distintas gracias a la línea de avales ICO y ayudas de casi 10 millones por ser una industria electrointensiva".

El nuevo real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece que no se podrá suspender la electricidad a las personas electrodependientes y vulnerables, aunque no paguen, y que la suspensión de contratos no tendrá, en general, penalizaciones. Asimismo, se prevén sanciones para las compañías que infrinjan las normas.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que la continuidad de Tubos Reunidos exige la implicación activa de los acreedores, principalmente, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No obstante, ha advertido de que "hay que ser conscientes de cuál es la situación de la empresa", que tiene una deuda que supera los 260 millones y que le hace "quemar casi 5 millones de euros mensuales". 

En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea ha explicado que el Ejecutivo ayudará a la empresa en esa reestructuración de la deuda.